POLITICA MINERA

Punto de inflexión para la producción de cobre chileno

En 2007, Chile fue responsable del 36% de la producción minera de cobre del mundo, mientras que Perú y África dieron cuenta del 8% y 6% respectivamente. El año pasado, estos números fueron 24%, 11% y 15%; y para 2027 proyectamos 25%, 11% y 17%. Queda por ver cómo esos números se verán afectados por la aprobación del nuevo proyecto de ley de regalías y el anuncio del nuevo marco de litio.

El futuro a corto plazo de la capacidad de Chile para sostener y aumentar su capacidad de producción de cobre dependerá de dos factores: la capacidad de Codelco para corregir el rumbo y desempeñarse según lo esperado; y el avance de proyectos no comprometidos a medida que disminuyen las incertidumbres regulatorias. En 2022, Codelco tuvo su peor desempeño en más de una década, lo que representó el punto de inflexión de una caída constante en la producción desde 2010 (13% de caída de la producción anual 2022 con respecto a 2010). Para corregir el rumbo, las operaciones deben superar las interrupciones y los nuevos proyectos, como el Proyecto Nuevo Nivel Minero Teniente y el Proyecto Rajo Inca, deben avanzar según lo planeado. Si Codelco logra estos objetivos, en cinco años la empresa podría alcanzar un nivel histórico de producción de más de 2 millones de toneladas de cobre refinado por año.

Más allá de Codelco, la cartera de proyectos para los próximos 5 años son en su mayoría expansiones brownfield y aproximadamente el 50% de la producción potencial aún no está comprometida. Sin embargo, la aprobación ambiental de la Ampliación Los Bronces impulsó la confianza del sector en que la actual administración está tomando un enfoque más razonable en las aprobaciones. Simultáneamente, la nueva claridad sobre las regalías significa que los actores de la industria finalmente pueden evaluar el desempeño financiero de nuevos proyectos con cierto grado de certeza regulatoria. Por lo tanto, podríamos esperar que los proyectos lleguen a los niveles de aprobación del directorio en el corto plazo, algo que el país necesita si quiere retener la corona del cobre.

De las palabras a los hechos, aún un resultado incierto para el litio

La demanda mundial de litio alcanzará casi un millón de toneladas anuales para 2023. Además, para el período 2022-2027, CRU espera seguir experimentando tasas de crecimiento impresionantes: 18,5 % de tasa de crecimiento anual compuesta en la demanda de litio (en términos de carbonato de litio equivalente, LCE) . Sin embargo, para el mismo período, se espera que la producción chilena comprometida crezca solo un 6 % de crecimiento de CAGR, mientras que Argentina, por ejemplo, experimentará un crecimiento de 46 % de CAGR en el período. Esto significa que en 5 años, la producción anual comprometida en Chile y Argentina alcanzaría 289 kton LCE y 232 kton LCE respectivamente, pero para el mismo período Argentina también tiene proyectos potenciales no comprometidos por 258 kton LCE adicionales, mientras que la cartera potencial de Chile estimamos ser de sólo 80 kton LCE.

A medida que el mundo aumenta sus esfuerzos de descarbonización, el litio y otros metales para baterías continuarán beneficiándose de los aumentos vertiginosos en la demanda y los entornos de precios positivos. Sin embargo, el crecimiento estará determinado por un tercer factor, el apoyo regulatorio, que conduce a un desarrollo desigual entre jurisdicciones.

El triángulo de litio es un excelente ejemplo del impacto de la regulación. El entorno regulatorio positivo de Argentina para la minería de litio se ha traducido en un crecimiento de dos dígitos. Por otro lado, el marco incierto de Chile y el enfoque cada vez más centrado en el estado ha resultado en un crecimiento estancado, mientras que la industria controlada por el estado de Bolivia ni siquiera ha logrado comenzar a competir.

Si bien se ha afirmado erróneamente que el litio se está nacionalizando en Chile, esto no significa que el gobierno, y en particular el poder ejecutivo, se convertirán en actores centrales en el desarrollo de la industria. El código minero de Chile excluye al litio como sustancia sujeta a exploración o explotación bajo un derecho de concesión minera. Por lo tanto, no existen propietarios reales de derechos privados que puedan ser objeto de una hipotética nacionalización (excepto las concesiones mineras otorgadas bajo el código de 1932). En este contexto, la industria del litio ya ha estado bajo “control estatal”, ya que no hay certeza regulatoria para obtener un permiso especial de litio. El anuncio reciente no cambia materialmente el panorama, aunque establece pautas más sólidas de que al menos permanecerá sin cambios.

Los contratos actuales que SQM y Albemarle tienen para operar en el Salar de Atacama han resultado en pagos de regalías récord al gobierno de Chile, ya que la tasa impositiva más alta del 40% sobre los ingresos se aplica a precios de litio superiores a 10.000 $/t LCE (límite muy por debajo de los precios en los dos últimos años y a nuestra previsión a medio plazo). Sin embargo, el nuevo modelo que persigue el Gobierno a través de la renegociación del contrato de SQM, que vence en 2030, es una estructura de empresa mixta en la que el Estado será propietario de no menos del 50% de la nueva entidad. Si bien esta es una señal de que el gobierno está buscando que su compañía estatal de litio trabaje e invierta junto con empresas privadas, todavía no ofrece claridad sobre cómo esto podría traducirse en una mayor participación del gobierno o en un impulso de nueva capacidad de litio.

Con un gran poder viene una gran responsabilidad

El gobierno chileno está aumentando la carga fiscal para las mineras de cobre y está obligando a las mineras de litio a negociar con la administración en funciones (lo que genera preocupaciones sobre la falta de un estado de derecho consistente, ya que las negociaciones estarán sujetas a cambios cada término). Para que estas nuevas políticas apoyen el desarrollo minero en el largo plazo, el país debe brindar la suficiente estabilidad y condiciones excepcionales para mantener y ganar competitividad. La dotación geológica debe combinarse con condiciones estables a largo plazo para que la industria invierta y opere. Como tal, los reguladores deben encontrar las fórmulas adecuadas para lograr estas condiciones, enfocándose en temas apremiantes para la industria, como procesos eficientes de permisos y continuando fomentando las condiciones para atraer inversiones.