La versión del fiscal añade un detalle que tensó la jornada: los efectivos de la PDI, según el Ministerio Público, debieron sortear los torniquetes para llegar hasta el noveno piso de las oficinas donde se encuentran las oficinas corporativas, lo que motivó una discrepancia pública con la versión de la empresa.

Desde Codelco, en un comunicado oficial remitido al cierre de la diligencia, la corporación afirmó que “durante esta mañana, personal de la PDI realizó diligencias en las oficinas de la Casa Matriz de Codelco y de la División El Teniente en Rancagua. Según indicaba la orden emanada del Juzgado de Garantía de Rancagua, el procedimiento buscaba recabar información sobre el accidente del pasado 31 de julio, complementaria a la ya entregada con anterioridad por la empresa. Desde la llegada de los efectivos policiales a las oficinas de la Corporación, fueron recibidos por personal de Codelco y se les brindó todas las facilidades para la realización de su labor, con la misma disposición que ha sido permanente desde el comienzo de la investigación con todas las autoridades involucradas. La compañía seguirá facilitando las indagatorias y procedimientos por las que sea requerida, en tanto avanza con las medidas de retorno seguro y progresivo en la División El Teniente”.

La diferencia entre ambas versiones —la del Ministerio Público que habla de un ingreso enérgico al edificio y la de Codelco, que asegura haber facilitado las diligencias— abre un flanco político y mediático de difícil cierre. Abogados consultados por fuentes periodísticas en situaciones análogas señalan que las discrepancias entre la policía judicial y la empresa durante allanamientos suelen terminar en aclaraciones formales ante el tribunal, y pueden derivar en solicitudes de actas o informes sobre el procedimiento.

La incautación de teléfonos celulares de altos ejecutivos y la existencia de 37 imputados elevan la complejidad del caso. En términos procesales, la Fiscalía podría solicitar la formalización de algunas de las imputaciones si encuentra antecedentes suficientes; paralelamente, la empresa deberá demostrar que colaboró plenamente con las indagatorias y que sus protocolos de seguridad y notificación posteriores al accidente fueron aplicados correctamente.

En el plano sindical, trabajadores y representantes podrían pedir transparencia y medidas concretas de prevención si se comprueba que hubo omisiones vinculadas a seguridad operacional.

En el plano político, parlamentarios de diversas bancadas suelen presionar por informes y por citaciones a comisiones cuando hay una empresa estatal y posibles responsabilidades administrativas o penales en juego.

En la opinión pública, la atención se centrará en conocer el alcance del accidente del 31 de julio y si los registros o comunicaciones anteriores aportan luz sobre responsabilidades.

El proceso penal seguirá su curso: la Fiscalía reunirá y analizará la evidencia incautada, y el Juzgado de Garantía será el escenario donde podrían pedirse medidas cautelares, peritajes forenses sobre los dispositivos incautados y la eventual formulación de cargos. Mientras tanto, Codelco ha señalado que continuará colaborando con las diligencias y avanzando en las medidas internas de retorno seguro en El Teniente.