La investigación surge a raíz de cuestionamientos sobre la contratación de personal sin la especialidad técnica necesaria, específicamente para la crucial tarea de investigar el fatal accidente ocurrido el 31 de julio en las obras de extensión de la División El Teniente de Codelco.La principal arista del sumario apunta directamente a la incorporación de Antonio Muñoz Caballero, ex seremi de Minería, cuyo perfil académico no incluiría la especialidad en geomecánica, indispensable para evaluar la estabilidad de labores y esclarecer el colapso de la estructura en El Teniente.Según antecedentes, la Dirección de Presupuestos había asignado recursos para integrar a especialistas de alto nivel. Sin embargo, Muñoz habría obtenido la peor evaluación técnica entre los postulantes, reforzando las sospechas de una "contratación política" en desmedro de la competencia técnica.Déficit Crítico: Este episodio ha puesto en evidencia la severa falta de profesionales expertos en geomecánica dentro de Sernageomin. Hasta antes del accidente, solo existían tres especialistas a nivel central y ninguno en regiones, a pesar de que miles de faenas requieren fiscalización. La decisión de incorporar perfiles no aptos para estas labores geomecánicas ha sido el detonante del sumario.Paralelamente, la crisis se agudiza con la apertura de un segundo frente: cuatro denuncias por maltrato laboral, hostigamiento y presuntas represalias bajo la Ley Karin, presentadas ante la Contraloría y el Ministerio de Minería, tanto contra León como contra el jefe jurídico (s), Salustio Montalva.Los denunciantes temen que el director (s) haya iniciado sumarios administrativos en su contra como medida de represalia, lo que constituiría una vulneración a la normativa que protege a las víctimas.Consultado sobre el sumario, Andrés León Riquelme afirmó haber sido notificado, pero aseguró que los hechos denunciados serían anteriores a su llegada al cargo. El director (s), cuyo perfil profesional es del área ambiental y ha generado críticas en el Senado por la falta de competencias mineras para liderar el servicio, recalcó que en sus cinco meses de gestión ha actuado apegado a los estándares de probidad.El Ministerio de Minería, por su parte, optó por no emitir comentarios.El sumario recién iniciado amenaza con desatar un capítulo de gran alcance en la crisis institucional de Sernageomin, donde la falta de especialistas, las tensiones internas y las denuncias por maltrato confluyen en un momento clave para esclarecer las causas de uno de los accidentes mineros más graves de los últimos años.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) se encuentra en el ojo del huracán. La institución, encargada de la fiscalización minera en Chile, enfrenta una profunda crisis institucional marcada por la apertura de un sumario administrativo contra su director nacional subrogante, Andrés León Riquelme.

Investigación de El Teniente: Director (s) de Sernageomin Contrató Personal sin Perfil Geotécnico, Pese a Recursos.

La versión del fiscal añade un detalle que tensó la jornada: los efectivos de la PDI, según el Ministerio Público, debieron sortear los torniquetes para llegar hasta el noveno piso de las oficinas donde se encuentran las oficinas corporativas, lo que motivó una discrepancia pública con la versión de la empresa.Desde Codelco, en un comunicado oficial remitido al cierre de la diligencia, la corporación afirmó que “durante esta mañana, personal de la PDI realizó diligencias en las oficinas de la Casa Matriz de Codelco y de la División El Teniente en Rancagua. Según indicaba la orden emanada del Juzgado de Garantía de Rancagua, el procedimiento buscaba recabar información sobre el accidente del pasado 31 de julio, complementaria a la ya entregada con anterioridad por la empresa. Desde la llegada de los efectivos policiales a las oficinas de la Corporación, fueron recibidos por personal de Codelco y se les brindó todas las facilidades para la realización de su labor, con la misma disposición que ha sido permanente desde el comienzo de la investigación con todas las autoridades involucradas. La compañía seguirá facilitando las indagatorias y procedimientos por las que sea requerida, en tanto avanza con las medidas de retorno seguro y progresivo en la División El Teniente”.La diferencia entre ambas versiones —la del Ministerio Público que habla de un ingreso enérgico al edificio y la de Codelco, que asegura haber facilitado las diligencias— abre un flanco político y mediático de difícil cierre. Abogados consultados por fuentes periodísticas en situaciones análogas señalan que las discrepancias entre la policía judicial y la empresa durante allanamientos suelen terminar en aclaraciones formales ante el tribunal, y pueden derivar en solicitudes de actas o informes sobre el procedimiento.La incautación de teléfonos celulares de altos ejecutivos y la existencia de 37 imputados elevan la complejidad del caso. En términos procesales, la Fiscalía podría solicitar la formalización de algunas de las imputaciones si encuentra antecedentes suficientes; paralelamente, la empresa deberá demostrar que colaboró plenamente con las indagatorias y que sus protocolos de seguridad y notificación posteriores al accidente fueron aplicados correctamente.En el plano sindical, trabajadores y representantes podrían pedir transparencia y medidas concretas de prevención si se comprueba que hubo omisiones vinculadas a seguridad operacional.En el plano político, parlamentarios de diversas bancadas suelen presionar por informes y por citaciones a comisiones cuando hay una empresa estatal y posibles responsabilidades administrativas o penales en juego.En la opinión pública, la atención se centrará en conocer el alcance del accidente del 31 de julio y si los registros o comunicaciones anteriores aportan luz sobre responsabilidades.El proceso penal seguirá su curso: la Fiscalía reunirá y analizará la evidencia incautada, y el Juzgado de Garantía será el escenario donde podrían pedirse medidas cautelares, peritajes forenses sobre los dispositivos incautados y la eventual formulación de cargos. Mientras tanto, Codelco ha señalado que continuará colaborando con las diligencias y avanzando en las medidas internas de retorno seguro en El Teniente.

Según informó el fiscal regional de O’Higgins, Ángel Cubillos, el procedimiento —ordenado por el Juzgado de Garantía de Rancagua— está dirigido a reunir antecedentes complementarios sobre el siniestro. El persecutor indicó que hay 37 personas imputadas, vinculadas directa o indirectamente a la investigación, y que entre los objetos incautados figuran los teléfonos móviles del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, y del ex-gerente general de la División El Teniente, Andrés Music.

 PDI ingresa a las oficinas de Codelco y confisca teléfonos de Pacheco y Music por caso El Teniente.

La Fiscalía, con el apoyo de cerca de 120 efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), llevó a cabo diligencias de allanamiento simultáneas en las dependencias de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). El operativo, de gran envergadura, se extendió por cuatro regiones del país, contando con la participación de seis fiscales en terreno.El objetivo principal de estas acciones es el levantamiento de material y evidencia considerada relevante para la investigación penal que se inició tras el incidente. El fiscal regional, Aquiles Cubillos, fue visto ingresando a las oficinas de Codelco, liderando las pesquisas.El operativo judicial y policial se realiza a raíz del trágico suceso ocurrido el pasado 31 de julio, cuando un derrumbe en la mina El Teniente resultó en la muerte de seis trabajadores. Desde ese momento, la Fiscalía asumió la investigación para determinar las causas y eventuales responsabilidades penales en el desastre.Objetivo de los allanamientos: Las diligencias, que involucraron a la PDI y fiscales en las sedes de Codelco y Sernageomin, buscan recabar la mayor cantidad de antecedentes y evidencia que permitan dilucidar las causas del accidente. El operativo tenía como objeto de interés a 38 personas. El derrumbe en el yacimiento Andesita de El Teniente ocurrió, que Codelco calificó como el mayor en décadas en la zona. Expertos y la propia empresa han apuntado a la hipótesis de un estallido de roca producto de un evento de sismicidad inducida o una descarga vertical.Además de la investigación de la Fiscalía por cuasidelito de homicidio, la Dirección del Trabajo también está llevando a cabo una investigación. Codelco ha entregado un reporte técnico preliminar del accidente a Sernageomin y ha respondido a más de 50 requerimientos de información de distintas entidades.En sesiones especiales del Senado, trabajadores han acusado a Codelco de abaratar costos subcontratando y aluden a las malas condiciones de seguridad, mientras que senadores han cuestionado la fiscalización de Sernageomin.

Una amplia operación policial se desplegó este martes bajo la dirección del Ministerio Público, con el objetivo de recabar antecedentes cruciales sobre el fatal derrumbe ocurrido en la división El Teniente de Codelco a fines de julio.

120 PDI y 6 Fiscales allanan dependencias de Codelco y Sernageomin por accidente en división El Teniente.

El ejecutivo reconoció que el sistema de fortificación de la mina no estaba preparado para un evento sísmico de la magnitud que se registró. “Aun así, la fortificación fue sobrepasada y tuvo consecuencias tremendamente dolorosas. ¿Por qué? Por una razón: estaba diseñada para eventos de hasta 1,5 Mw y el evento real fue de 4,3 Mw”, explicó.Según Pacheco, los registros sísmicos no mostraron señales previas que permitieran anticipar el accidente. “Ninguno de los registros sísmicos muestra movimientos observables antes del evento principal y que sirvieran de señales de alerta: el cerro no habló”, señaló, en una de las frases más comentadas de su intervención.El presidente de la cuprífera estatal indicó que la empresa había gestionado el riesgo sísmico de manera “local” y no a “escala global”, lo que limitó su capacidad de respuesta frente a un fenómeno de mayor magnitud. El evento, dijo, “obedeció, según las conclusiones preliminares, a un nuevo fenómeno que afectó gran parte de El Teniente, es decir, fue un evento a escala global”.Las primeras indagaciones apuntan a que el accidente se produjo por un proceso de “descarga vertical” derivado de los cambios geométricos e interacción entre cavidades subterráneas. En términos simples, el constante desarrollo de túneles y labores ha modificado la forma del terreno, generando vacíos que ahora se conectan entre sí, debilitando la estructura de soporte del macizo rocoso.“Esto lleva a que, en las profundidades, las capas de roca se estén desplazando unas sobre otras, reforzando la necesidad de monitoreo de la estructura del terreno, la actividad sísmica y el comportamiento geomecánico de las rocas, pero esta vez no sólo localmente, sino que a escala sistémica de todo el yacimiento”, advirtió Pacheco.El equipo investigador propuso realizar estudios más profundos del terreno, implementar un sistema de monitoreo global y reforzar las medidas de seguridad en las zonas más afectadas: Andesita y Recursos Norte. Entre las acciones inmediatas se contempla un control más estricto de sobreexcavaciones, la instalación de mapas de riesgo visibles y la restricción de acceso en áreas vulnerables.La División El Teniente aún no ha retomado plenamente sus operaciones, lo que ha obligado a Codelco a revisar a la baja sus proyecciones. La compañía estima ahora una pérdida de producción de 48 mil toneladas para 2025, un 45% más de lo calculado inicialmente, lo que significará un impacto de unos US$500 millones en su Ebitda.Pese a ello, Pacheco destacó que la producción total de Codelco entre enero y septiembre alcanzó las 938 mil toneladas, un 2% más que en igual periodo de 2024, lo que permitirá cerrar el año con una leve mejora interanual.La empresa proyecta que las operaciones de Andes Norte y Diamante retomen su normalidad en enero de 2026, mientras que Andesita y Recursos Norte deberán esperar hasta fines de diciembre de ese año, cuando se espera contar con el informe final de la investigación interna.

En un encuentro organizado por el Financial Times en Londres, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, abordó públicamente por primera vez las causas preliminares del accidente ocurrido el 31 de julio en la División El Teniente, donde seis trabajadores perdieron la vida tras un estallido de roca.

Máximo Pacheco admite que El Teniente no estaba preparado: “El cerro no habló, pero el golpe fue global”.

Codelco informa que, a partir del 1 de noviembre de 2025, Gonzalo Lara Skiba asumirá como vicepresidente de Integración de Operaciones Andina, cargo necesario en la proyección estratégica de las operaciones del Distrito Andina -Los Bronces, en el marco de la alianza de Codelco con Anglo American.Esta vicepresidencia tiene el desafío de transformar este acuerdo estratégico en operaciones concretas y sostenibles. Entre sus principales retos destacan poner en marcha la nueva empresa operadora conjunta en el distrito Andina–Los Bronces, integrar procesos y flujos de trabajo de ambas compañías, respetando compromisos laborales, sociales y ambientales. Además, debe asegurar la sostenibilidad del plan minero, conciliando metas de productividad con crecientes exigencias regulatorias y socioambientales, y gestionando permisos sectoriales y ambientales, en un marco de gobernanza compartida y de altos estándares de transparencia.Con más de 20 años de experiencia en la industria minera del oro, cobre y uranio, Gonzalo Lara ha liderado operaciones de primer nivel en Australia y Chile. Es Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de Chile y posee un MBA en la University of South Australia. En Codelco se ha desempeñado como gerente general de las divisiones Gabriela Mistral y Ministro Hales, donde se ha destacado por su orientación al logro de resultados, fomentando relaciones de confianza, trabajo en equipo y construcción de consensos.Como gerente general de Ministro Hales, cargo que Lara ocupa actualmente, asumirá de forma interina a partir de noviembre César Jiménez Soto, quien es gerente de la planta concentradora de la división.

La nueva posición reforzará la puesta en marcha del plan minero conjunto del distrito Andina – Los Bronces, asegurando su sostenibilidad y los compromisos laborales, sociales y medioambientales.

Codelco nombra a Gonzalo Lara Skiba como vicepresidente de Integración de Operaciones Andina.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que Los Azules podría generar exportaciones anuales por 1.100 millones de dólares y convertirse en un motor de empleo y divisas. Según estimaciones oficiales, el proyecto creará más de 3.500 puestos de trabajo directos e indirectos en la provincia de San Juan, una región con fuerte tradición minera, especialmente en oro, y que busca consolidarse como polo cuprífero.Argentina no produce cobre desde el cierre de la mina Bajo de la Alumbrera en 2018. Sin embargo, con iniciativas como Los Azules, el país podría volver a posicionarse entre los jugadores relevantes de un mercado global cada vez más demandante del metal rojo, fundamental para la transición energética y la electromovilidad.El yacimiento, ubicado a más de 3.500 metros de altura en la cordillera de los Andes, cuenta con importantes reservas de cobre que podrían explotarse durante al menos dos décadas. La compañía informó que se encuentra ultimando un estudio de factibilidad que detallará los aspectos técnicos y económicos del proyecto, cuya producción de cátodos de cobre está prevista para 2029.Uno de los elementos diferenciadores de Los Azules es que la compañía planea utilizar lixiviación en pilas en lugar del tradicional proceso de flotación. Según McEwen, esta metodología reduciría en un 83% el consumo de agua, un factor clave para mitigar el impacto ambiental y ganar aceptación en las comunidades locales.En términos de participación accionaria, McEwen Mining controla el 46,4% del proyecto, mientras que Stellantis, el fabricante automotriz global, posee un 18,3%, y Nuton/Rio Tinto suma un 17,2%, lo que refleja el creciente interés de grandes corporaciones en asegurar suministro de cobre frente a la transición energética.Con la aprobación bajo el RIGI, Los Azules se convierte en el octavo proyecto minero beneficiado por este régimen, que en total ya suma compromisos de inversión por más de 15.700 millones de dólares. El desafío inmediato para McEwen será estructurar la financiación necesaria para llevar adelante la construcción, que podría elevar el desembolso total a 3.000 millones de dólares en los próximos cuatro años.De concretarse, Los Azules no solo marcaría el retorno del cobre a la matriz productiva argentina, sino que también consolidaría a San Juan como epicentro de la minería metálica en Sudamérica.

El gobierno argentino aprobó la inclusión del proyecto de cobre Los Azules, de la canadiense McEwen Copper, en el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), un programa clave para atraer capital extranjero mediante beneficios impositivos y estabilidad jurídica. La inversión, estimada en 2.700 millones de dólares, representa uno de los pasos más significativos en el renacimiento de la minería del cobre en el país.

29 de noviembre de 2025