De acuerdo con información recabada a través de un “Flash de Seguridad”, el suceso tuvo lugar a las 11:04 horas en la Fase 7, sector B1740 del yacimiento.La dinámica del accidente, según el reporte preliminar, indica que una camioneta en la que se desplazaban dos operarios se encontraba detenida, aguardando su turno para ser atendida por la Pala N°204. En ese momento, un bulldozer modelo Komatsu D475A impactó violentamente el costado derecho del vehículo menor.Tras el impacto, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia establecidos en la faena minera. Equipos de salud y seguridad en el trabajo acudieron al lugar para prestar los primeros auxilios a los ocupantes de la camioneta, quienes fueron trasladados a centros asistenciales para evaluar la gravedad de sus lesiones.Hasta el momento, la empresa no ha entregado una comunicación oficial con la identidad de los trabajadores ni detalles específicos sobre su estado de salud actual.Se espera que las autoridades pertinentes, tales como el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), inicien las diligencias correspondientes para investigar las causas exactas del siniestro. La investigación interna deberá determinar si el accidente fue producto de un error humano, una falla mecánica o una deficiencia en los procedimientos de comunicación y segregación de áreas dentro del rajo.La comunidad minera y los gremios locales se mantienen a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de Glencore, mientras las operaciones en el sector afectado habrían sido restringidas de manera preventiva.

Un accidente de alta energía se registró este sábado en las instalaciones de la Minera Lomas Bayas, operación perteneciente al grupo internacional Glencore, ubicada en la comuna de Sierra Gorda. El hecho dejó como saldo, de manera preliminar, a dos trabajadores con lesiones de diversa consideración.

Accidente en Minera Lomas Bayas: Dos trabajadores lesionados tras colisión en el rajo

Los procedimientos apuntaron directamente a Mauricio Barraza Gallardo, exvicepresidente de Operaciones, y Claudio Sougarret Larroquete, quien fuera el gerente de Operaciones de la división afectada en Machalí. Ambos ejecutivos fueron removidos de sus funciones el pasado 13 de febrero, en medio de una creciente presión por esclarecer las circunstancias del fatal accidente.Bajo la figura legal de cuasidelito de homicidio, el equipo multidisciplinario de la PDI no solo registró las viviendas de los imputados, sino también las oficinas corporativas de la estatal en Santiago y Rancagua. Durante la jornada, la empresa cuprífera facilitó el acceso a las dependencias, donde los detectives procedieron a la incautación de computadores, teléfonos celulares y diversos dispositivos de almacenamiento digital.El objetivo de estas diligencias es que peritos especializados analicen las comunicaciones internas, correos electrónicos y reportes de seguridad previos a la tragedia. La fiscalía busca pruebas que confirmen si existió una negligencia inexcusable o si se ignoraron advertencias técnicas que podrían haber evitado el deceso de los seis trabajadores.Este avance en la causa penal coincide con una semana de alta exposición para la plana mayor de la compañía. Apenas el miércoles pasado, el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, compareció ante la Fiscalía Regional de O’Higgins en calidad de testigo. Su declaración es una pieza clave para entender cómo fluyó la información desde las faenas hacia la alta dirección tras el accidente.Sin embargo, el frente judicial no es el único problema que acecha a la minera. El escenario se ha vuelto aún más complejo tras una denuncia del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). El organismo fiscalizador apunta a un presunto ocultamiento de información, lo que ha puesto en tela de juicio la cultura de transparencia y seguridad dentro de la organización.Con la evidencia ahora en manos de la justicia, se espera que el análisis de los equipos electrónicos arroje luces sobre las responsabilidades individuales de los exejecutivos. Mientras tanto, las familias de las víctimas y el sector minero permanecen atentos a un proceso que podría sentar un precedente histórico sobre la responsabilidad penal de las jefaturas en accidentes laborales de gran escala.

La investigación judicial por la muerte de seis trabajadores en la División El Teniente ha dado un giro radical esta semana. En un despliegue coordinado por el Ministerio Público, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron allanamientos simultáneos en los domicilios particulares de los exejecutivos.

Caso El Teniente: Allanan oficinas y domicilios de dos altos exejecutivos de Codelco por muerte de mineros.

La minería chilena enfrenta uno de sus episodios más complejos en términos de probidad y seguridad. El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) ha decidido actuar de oficio contra la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), luego de que la propia estatal admitiera que se ocultó y manipuló información técnica sensible tras el accidente en la división El Teniente, donde seis mineros perdieron la vida.Un quiebre en la confianza fiscalizadoraEl detonante de esta intervención fue una sesión extraordinaria del Directorio de Codelco, donde se revelaron los resultados de una auditoría interna y un informe de consultoría internacional. Ambos documentos confirmaron lo que muchos temían: "inconsistencias y ocultamientos" en la información reportada al ente fiscalizador.Como respuesta inmediata, Sernageomin ha exigido la entrega de:-Toda la documentación técnica y administrativa discutida por el Directorio.-El detalle de los peritajes internacionales que contradicen los informes entregados originalmente por la administración de la mina.-La identificación precisa de las desviaciones, especificando qué datos fueron omitidos y cómo estos alteraron la percepción real del riesgo en las faenas.Purga en la alta plana y medidas de emergenciaLa gravedad del ocultamiento ya tuvo sus primeras consecuencias internas con la salida de tres altos ejecutivos de la estatal. Sin embargo, para Sernageomin, las sanciones administrativas no son suficientes para garantizar la seguridad de los trabajadores que hoy operan en el yacimiento.En una instrucción sin precedentes, la autoridad ha otorgado a Codelco un plazo máximo de 12 horas corridas para entregar un reporte detallado sobre las "medidas extraordinarias" adoptadas para proteger la vida de los operarios. Este reporte no será único, sino que deberá ser actualizado rigurosamente cada 5 días corridos, manteniendo un monitoreo constante sobre la estabilidad de las instalaciones.El impacto en el modelo de riesgoEl punto más crítico de la notificación enviada a la cuprífera radica en la revaluación del modelo de riesgo. El ocultamiento de datos no solo es una falta ética; implica que las decisiones de seguridad tomadas en los últimos meses podrían haberse basado en información falsa."Se exige especificar de qué manera estos datos omitidos afectan el actual modelo de riesgo de la faena", señala el comunicado de Sernageomin, dejando claro que la operatividad de El Teniente depende ahora de la veracidad de esta nueva entrega de información.Transparencia bajo la lupaFinalmente, el organismo regulador reafirmó que su labor se basa en el principio de buena fe y en la veracidad de los datos que las compañías aportan. El quiebre de este principio por parte de la empresa estatal más importante de Chile pone en duda no solo los protocolos de Codelco, sino la eficacia de los sistemas de reporte vigentes en la industria.

La autoridad minera ordenó una fiscalización de oficio "urgente" luego de que la estatal reconociera inconsistencias en los reportes de seguridad vinculados a la tragedia que dejó seis víctimas fatales. Tres altos ejecutivos ya fueron removidos de sus cargos.

Sernageomin da 12 horas a Codelco para transparentar informes ocultos tras muerte de seis mineros.

Lo que comenzó como un luto nacional por la pérdida de seis vidas en las entrañas de la mina subterránea más grande del mundo, se ha transformado hoy en un escándalo de proporciones legales y corporativas. Codelco ha decidido descabezar la línea ejecutiva de su división estrella, El Teniente, tras confirmar que se "maquillaron" antecedentes técnicos entregados al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y a otras autoridades tras el fatal accidente de julio de 2025.El detonante: El informe que rompió el silencioLa decisión del Directorio, comunicada este viernes tras una sesión extraordinaria, se basa en dos pilares investigativos: un Informe de Consultoría Internacional y una Auditoría Interna finalizada en enero de 2026.Ambos documentos coinciden en un diagnóstico devastador: existió una estrategia deliberada de "inconsistencias y ocultamientos". Según fuentes cercanas a la investigación, los antecedentes reportados originalmente sobre las condiciones de fortificación y los protocolos de seguridad activados durante el evento sísmico de 2025 no coincidían con la realidad operativa de la mina en ese momento.Los implicados: Caída de los "pesos pesados"La salida de los ejecutivos no es un movimiento menor; se trata de figuras con décadas de trayectoria en la minería estatal:Mauricio Barraza (VP de Operaciones): Considerado hasta hace poco el "brazo derecho" de la producción nacional. Su remoción deja un vacío en la coordinación de todas las divisiones de Codelco.Claudio Sougarret (Gerente General de El Teniente): El ejecutivo ya enfrentaba críticas previas por parte de sindicatos y familias, quienes denunciaron desde el primer día una "falta de respuestas" y una gestión opaca durante las horas críticas del rescate.Rodrigo Andrades (Gerente de Proyectos): Responsable de las obras estructurales donde precisamente ocurrió el colapso.La sospecha: Mientras la empresa inicialmente apuntó a un fenómeno natural inevitable, los sindicatos denunciaron negligencia en los sistemas de fortificación y una presión desmedida por cumplir metas de extracción en zonas de alto riesgo. Los nuevos informes parecen darles la razón a los trabajadores.El Presidente Ejecutivo, Rubén Alvarado, fue tajante: la empresa no se detendrá en la remoción administrativa. Se enviará cada página de las auditorías al Ministerio Público."La transparencia proactiva y la autocorrección radical son nuestra única vía", declaró Alvarado.Expertos legales sugieren que los ejecutivos removidos podrían enfrentar cargos por obstrucción a la justicia y cuasidelito de homicidio, dependiendo de cuánto influyó el ocultamiento de información en la prevención de futuros riesgos o en el esclarecimiento de las muertes.Esta reestructuración ocurre en un momento crítico. Codelco proyecta producir 1.344 millones de toneladas en 2026, una meta ambiciosa que depende de la estabilidad de El Teniente. El mercado internacional observa con cautela: si bien la "limpieza" ética es bien vista por los inversores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), el cambio de mando genera incertidumbre sobre los plazos de entrega de los proyectos estructurales.

Auditorías confirman que altos mandos entregaron información falsa a las autoridades tras el accidente que dejó seis mineros muertos en 2025.

Terremoto en Codelco: Remueven a la plana mayor de El Teniente por ocultar datos de accidente fatal

Patricio Quiroz, un miembro activo de la asociación minera local, falleció cerca del mediodía mientras se encontraba realizando labores de acondicionamiento de un camino de acceso a una mina, según confirmó el delegado provincial, Luis Soto Pérez. El accidente ocurrió cuando el mini cargador frontal que Quiroz conducía, y que arrastraba un generador, se precipitó por una quebrada de aproximadamente 15 metros de altura.El Fiscal Turno Regional de Instrucción y Flagrancia, Mauricio Dünner, confirmó que el deceso se produjo en el lugar del siniestro. Las circunstancias exactas que llevaron a que el vehículo cayera por el desnivel "deberán ser esclarecidas" mediante una rigurosa investigación.La emergencia movilizó a un amplio contingente de organismos especializados:-Carabineros acudió al sitio para asegurar la zona.-La Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de Los Andes se hizo cargo de las primeras pericias para determinar la dinámica del accidente.-El Servicio Médico Legal (SML) realizó el levantamiento del cuerpo para la autopsia correspondiente.-El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) se trasladó al lugar para iniciar su propia investigación técnica.El hallazgo más alarmante provino de Sernageomin. La entidad fiscalizadora declaró que, tras su investigación en terreno, se pudo determinar que "la faena no contaba con ningún acto administrativo ante el servicio".Esta ausencia de documentación formal implica que la operación se realizaba sin la debida supervisión técnica y legal, lo que podría haber comprometido los protocolos de seguridad necesarios para este tipo de trabajos de alto riesgo. La investigación de Sernageomin buscará establecer la responsabilidad detrás de esta falta administrativa, que agrava la situación en torno a la muerte del minero.La tragedia, que enluta a la comunidad minera de Petorca, destaca la urgente necesidad de fiscalizar y regular las faenas, especialmente aquellas de menor escala, para garantizar que se cumplan las normativas de seguridad y evitar que este tipo de accidentes fatales vuelvan a ocurrir. Las autoridades han anunciado que las investigaciones continuarán para depurar responsabilidades tanto penales como administrativas.

El trágico accidente laboral ocurrido este lunes en la localidad de Chalaco Alto, que cobró la vida del minero Patricio Quiroz, de 58 años. Las investigaciones preliminares de las autoridades han revelado que la faena donde ocurrió el desbarrancamiento no contaba con la documentación administrativa requerida, una grave irregularidad que se suma al dolor por la pérdida del trabajador.

Accidente Fatal en Petorca: La Muerte de Minero Revela Irregularidades en Faena que no Contaba con Permisos Ante Sernageomin.

El hallazgo de los últimos cinco cuerpos, ocurrido el domingo 5 de octubre, puso fin a un operativo de búsqueda que se extendió por casi un mes y que movilizó a decenas de rescatistas en condiciones extremadamente difíciles. El accidente fue provocado por el colapso de unas 800.000 toneladas de material húmedo, que se desplazaron desde la antigua mina a cielo abierto hacia los niveles subterráneos, arrasando varias áreas de trabajo.“Lamentamos profundamente la pérdida de nuestros siete compañeros de trabajo en este trágico incidente y extendemos nuestras más sinceras condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos”, expresaron en un comunicado conjunto Richard C. Adkerson, presidente del directorio, y Kathleen Quirk, presidenta y directora ejecutiva de Freeport. “Agradecemos la extraordinaria labor del equipo de respuesta a emergencias, que trabajó incansablemente para localizar a nuestros compañeros”, añadieron.La mina Grasberg, operada por PT Freeport Indonesia (PTFI), es la segunda mina de cobre más grande del mundo y un activo clave para las operaciones de la compañía estadounidense en el país asiático. El yacimiento representa aproximadamente la mitad de las reservas de Freeport Indonesia y se estima que aportará cerca del 70% de su producción de cobre y oro hasta 2029.Tras el incidente, Freeport suspendió todas las operaciones en el distrito minero de Grasberg y declaró fuerza mayor en sus envíos a Indonesia, además de reducir sus previsiones de producción para este año y el próximo. La empresa anticipa que la producción de cobre en el cuarto trimestre será “insignificante”, y que las ventas previstas para 2026 se reducirán en un 35%.Según estimaciones de Benchmark Mineral Intelligence (BMI), la pérdida acumulada de producción entre septiembre de 2025 y fines de 2026 podría alcanzar las 600.000 toneladas de cobre contenido, una cifra equivalente a la producción anual estimada para la mina Collahuasi, en Chile.Freeport indicó que la investigación del accidente está en marcha, a cargo de un equipo de expertos externos que busca determinar las causas del evento y emitir recomendaciones para evitar incidentes similares. Se espera que el informe final esté disponible hacia finales de 2025.Mientras tanto, la empresa trabaja junto con las autoridades del gobierno indonesio en la revisión de los planes operativos y de seguridad para el futuro reinicio de las operaciones, que podría comenzar gradualmente en algunas áreas no afectadas a fines de este año.

Freeport-McMoRan (NYSE: FCX) confirmó la recuperación de los cuerpos de los siete trabajadores que permanecían desaparecidos tras el deslizamiento de tierra ocurrido el pasado 8 de septiembre en la mina de cobre y oro Grasberg, ubicada en la provincia de Papúa, al este de Indonesia. Entre las víctimas se encuentra el chileno Víctor Bastida Ballesteros, mientras que los demás trabajadores están en proceso de identificación formal.

26 de febrero de 2026