El punto de quiebre en la causa llegó tras el acceso de la Fiscalía Regional de O’Higgins y el programa Informe Especial a una auditoría interna de la cuprífera estatal. El documento es revelador: un informe técnico fechado el 5 de diciembre de 2023 analizaba las causas de un derrumbe previo ocurrido ese mismo año. En dicho borrador, marcadas con lápiz rojo, figuraban instrucciones explícitas para eliminar toda referencia al sector Panel Invariante antes de enviar el reporte final al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).La razón de este borrado sistemático sería una irregularidad administrativa de base: Panel Invariante operaba sin los permisos vigentes del Sernageomin. Al no contar con autorización legal para su explotación, la empresa habría optado por "desaparecer" el sitio de sus informes de seguridad para evitar multas o la paralización de la producción, a pesar de que los propios técnicos de Codelco advertían que la inestabilidad de ese sector estaba afectando a toda la mina.La teoría que maneja el fiscal regional Aquiles Cubillos apunta a una negligencia estructural. Los informes originales —los que Codelco ocultó— señalaban que la interacción de cavidades entre Pilar Norte, Mina Esmeralda y el polémico Panel Invariante estaba provocando una redistribución de esfuerzos y presiones de roca peligrosas.Al omitir esta información en el reporte entregado al ente fiscalizador el 18 de diciembre de 2023, la estatal impidió que el Sernageomin realizara una evaluación de riesgo real. Esta cadena de silencios habría culminado en el colapso masivo de 2025, dejando a los trabajadores operando en una zona que técnicamente era una "bomba de tiempo" geológica.El martes, personal de la Brigada de Homicidios de la PDI y peritos de la Universidad de Chile realizaron una inspección ocular en los niveles 6, 7 y 8 de El Teniente. El objetivo fue contrastar físicamente si las cavidades de Panel Invariante corresponden a los planos incautados en los allanamientos de octubre pasado.El impacto interno en Codelco ya es visible. Tras la auditoría, la estatal resolvió el término de contrato para tres ejecutivos y mantiene bajo evaluación acciones legales contra exgerentes de la división, entre ellos el exgerente de Recursos Mineros. Los correos electrónicos recuperados muestran una coordinación para "maquillar" los datos técnicos, lo que podría elevar la acusación a falsificación ideológica de instrumento público.Para Ana y Patricio Pavez, hermanos de Moisés Pavez (una de las seis víctimas fatales), los nuevos antecedentes son una confirmación de sus peores miedos. "Moisés ya había pasado por un susto en 2023 en ese mismo sector. Si hubieran dicho la verdad entonces, mi hermano estaría vivo hoy", declararon tras conocerse los detalles de la auditoría.El caso mantiene a más de 30 imputados y ha puesto en duda la transparencia de la mayor empresa de Chile. La Fiscalía busca establecer si la prioridad de cumplir con las metas de producción en el yacimiento subterráneo más grande del mundo pasó por encima de la seguridad básica, transformando un accidente minero en una tragedia evitable y ocultada.

La investigación penal por el fatal derrumbe en la División El Teniente ha dado un vuelco estremecedor. Lo que comenzó como una indagatoria por cuasidelito de homicidio tras la muerte de seis mineros el 31 de julio de 2025, se ha transformado hoy, 26 de abril de 2026, en un caso de ocultamiento deliberado de información crítica. La pieza central de este rompecabezas es un sector que, según órdenes internas, "no existía" para la autoridad: el Panel Invariante.

“Panel Invariante no se puede nombrar”: La zona que Codelco habría ocultado para evitar el cierre de El Teniente.

El informe del regulador laboral es quirúrgico al señalar responsables. Aunque el monto total de las multas asciende a USD 107.000, la distribución de estas revela una realidad incómoda en la minería chilena: el eslabón más débil, el subcontrato, es el que asume la mayor carga punitiva, pero también el que comete las faltas más directas.La empresa Zublín (filial del gigante austriaco Strabag), fue multada por no informar sobre la lesión de un trabajador en un plazo de 24 horas. Según el informe, la notificación inmediata es crucial para activar medidas de seguridad de emergencia que protejan al resto del personal. Por su parte, la empresa austriaca declinó hacer comentarios al respecto.En los sectores de Andesita y Recursos Norte, las constructoras SalfaCorp y Gardilcic fallaron en lo básico: la evaluación del entorno.Los inspectores determinaron que SalfaCorp no consideró la sismicidad como un peligro latente en su planificación.Gardilcic, por su parte, fue sorprendida asignando a trabajadores a labores para las que no tenían competencias certificadas, aumentando el riesgo humano en una zona ya inestable.La sanción a Codelco, aunque menor en términos monetarios (USD 20.000), es la más dañina en términos reputacionales. El regulador fue enfático: la minera estatal, el "sueldo de Chile", no tenía un protocolo escrito que dictara cómo proceder cuando las alarmas sísmicas se activan.Más escandaloso aún es el registro que indica que, tras el derrumbe, mientras la mina estaba bajo orden de suspensión total, hubo intentos de ingresar trabajadores a los túneles. Esta acción, que pone la producción por encima de la vida, es lo que finalmente dinamitó la permanencia de la plana mayor de la división.Las multas fueron solo el inicio del fin para varios ejecutivos. La presión de las investigaciones —que incluyeron auditorías externas y un panel liderado por expertos de Anglo American— forzó una purga sin precedentes:-Andrés Music, el rostro de El Teniente, fue removido de su cargo.-Tres altos mandos fueron despedidos tras detectarse que hubo ocultamiento de información crítica y "maquillaje" de datos de seguridad en accidentes previos.Desde 2011, duermen en el Congreso propuestas para elevar estas sanciones, pero la tragedia de El Teniente demuestra que, mientras el costo de la multa sea inferior al costo de detener la máquina, la seguridad seguirá siendo un documento en una oficina y no una realidad en el socavón.Al día de hoy, el conflicto sigue vivo en los tribunales. Codelco ha apelado, buscando limpiar su nombre y evitar el precedente judicial. Mientras tanto, en las profundidades de Rancagua, el silencio impera en las zonas clausuradas. La reactivación es lenta, vigilada y cargada de una incertidumbre que el cobre, por más valioso que sea, no logra pagar.Se estima que la detención de faenas en El Teniente tras este accidente redujo la producción nacional en un 2% durante el periodo de crisis, afectando directamente las proyecciones de ingresos del fisco para este año.

A raíz del fatal accidente ocurrido en julio del año pasado en la mina El Teniente, la Dirección del Trabajo de Chile ha aplicado una serie de multas tanto a la estatal Codelco como a tres de sus empresas colaboradoras. Los informes, obtenidos recientemente por Reuters, revelan fallas en los protocolos de emergencia y en la comunicación de los accidentes que costaron la vida a seis trabajadores.

Multan por US$ 87.000 a contratistas y US$ 20.000 a Codelco tras derrumbe mortal en el Teniente.

De acuerdo con información recabada a través de un “Flash de Seguridad”, el suceso tuvo lugar a las 11:04 horas en la Fase 7, sector B1740 del yacimiento.La dinámica del accidente, según el reporte preliminar, indica que una camioneta en la que se desplazaban dos operarios se encontraba detenida, aguardando su turno para ser atendida por la Pala N°204. En ese momento, un bulldozer modelo Komatsu D475A impactó violentamente el costado derecho del vehículo menor.Tras el impacto, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia establecidos en la faena minera. Equipos de salud y seguridad en el trabajo acudieron al lugar para prestar los primeros auxilios a los ocupantes de la camioneta, quienes fueron trasladados a centros asistenciales para evaluar la gravedad de sus lesiones.Hasta el momento, la empresa no ha entregado una comunicación oficial con la identidad de los trabajadores ni detalles específicos sobre su estado de salud actual.Se espera que las autoridades pertinentes, tales como el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), inicien las diligencias correspondientes para investigar las causas exactas del siniestro. La investigación interna deberá determinar si el accidente fue producto de un error humano, una falla mecánica o una deficiencia en los procedimientos de comunicación y segregación de áreas dentro del rajo.La comunidad minera y los gremios locales se mantienen a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de Glencore, mientras las operaciones en el sector afectado habrían sido restringidas de manera preventiva.

Un accidente de alta energía se registró este sábado en las instalaciones de la Minera Lomas Bayas, operación perteneciente al grupo internacional Glencore, ubicada en la comuna de Sierra Gorda. El hecho dejó como saldo, de manera preliminar, a dos trabajadores con lesiones de diversa consideración.

Accidente en Minera Lomas Bayas: Dos trabajadores lesionados tras colisión en el rajo

Los procedimientos apuntaron directamente a Mauricio Barraza Gallardo, exvicepresidente de Operaciones, y Claudio Sougarret Larroquete, quien fuera el gerente de Operaciones de la división afectada en Machalí. Ambos ejecutivos fueron removidos de sus funciones el pasado 13 de febrero, en medio de una creciente presión por esclarecer las circunstancias del fatal accidente.Bajo la figura legal de cuasidelito de homicidio, el equipo multidisciplinario de la PDI no solo registró las viviendas de los imputados, sino también las oficinas corporativas de la estatal en Santiago y Rancagua. Durante la jornada, la empresa cuprífera facilitó el acceso a las dependencias, donde los detectives procedieron a la incautación de computadores, teléfonos celulares y diversos dispositivos de almacenamiento digital.El objetivo de estas diligencias es que peritos especializados analicen las comunicaciones internas, correos electrónicos y reportes de seguridad previos a la tragedia. La fiscalía busca pruebas que confirmen si existió una negligencia inexcusable o si se ignoraron advertencias técnicas que podrían haber evitado el deceso de los seis trabajadores.Este avance en la causa penal coincide con una semana de alta exposición para la plana mayor de la compañía. Apenas el miércoles pasado, el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, compareció ante la Fiscalía Regional de O’Higgins en calidad de testigo. Su declaración es una pieza clave para entender cómo fluyó la información desde las faenas hacia la alta dirección tras el accidente.Sin embargo, el frente judicial no es el único problema que acecha a la minera. El escenario se ha vuelto aún más complejo tras una denuncia del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). El organismo fiscalizador apunta a un presunto ocultamiento de información, lo que ha puesto en tela de juicio la cultura de transparencia y seguridad dentro de la organización.Con la evidencia ahora en manos de la justicia, se espera que el análisis de los equipos electrónicos arroje luces sobre las responsabilidades individuales de los exejecutivos. Mientras tanto, las familias de las víctimas y el sector minero permanecen atentos a un proceso que podría sentar un precedente histórico sobre la responsabilidad penal de las jefaturas en accidentes laborales de gran escala.

La investigación judicial por la muerte de seis trabajadores en la División El Teniente ha dado un giro radical esta semana. En un despliegue coordinado por el Ministerio Público, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron allanamientos simultáneos en los domicilios particulares de los exejecutivos.

Caso El Teniente: Allanan oficinas y domicilios de dos altos exejecutivos de Codelco por muerte de mineros.

La minería chilena enfrenta uno de sus episodios más complejos en términos de probidad y seguridad. El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) ha decidido actuar de oficio contra la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), luego de que la propia estatal admitiera que se ocultó y manipuló información técnica sensible tras el accidente en la división El Teniente, donde seis mineros perdieron la vida.Un quiebre en la confianza fiscalizadoraEl detonante de esta intervención fue una sesión extraordinaria del Directorio de Codelco, donde se revelaron los resultados de una auditoría interna y un informe de consultoría internacional. Ambos documentos confirmaron lo que muchos temían: "inconsistencias y ocultamientos" en la información reportada al ente fiscalizador.Como respuesta inmediata, Sernageomin ha exigido la entrega de:-Toda la documentación técnica y administrativa discutida por el Directorio.-El detalle de los peritajes internacionales que contradicen los informes entregados originalmente por la administración de la mina.-La identificación precisa de las desviaciones, especificando qué datos fueron omitidos y cómo estos alteraron la percepción real del riesgo en las faenas.Purga en la alta plana y medidas de emergenciaLa gravedad del ocultamiento ya tuvo sus primeras consecuencias internas con la salida de tres altos ejecutivos de la estatal. Sin embargo, para Sernageomin, las sanciones administrativas no son suficientes para garantizar la seguridad de los trabajadores que hoy operan en el yacimiento.En una instrucción sin precedentes, la autoridad ha otorgado a Codelco un plazo máximo de 12 horas corridas para entregar un reporte detallado sobre las "medidas extraordinarias" adoptadas para proteger la vida de los operarios. Este reporte no será único, sino que deberá ser actualizado rigurosamente cada 5 días corridos, manteniendo un monitoreo constante sobre la estabilidad de las instalaciones.El impacto en el modelo de riesgoEl punto más crítico de la notificación enviada a la cuprífera radica en la revaluación del modelo de riesgo. El ocultamiento de datos no solo es una falta ética; implica que las decisiones de seguridad tomadas en los últimos meses podrían haberse basado en información falsa."Se exige especificar de qué manera estos datos omitidos afectan el actual modelo de riesgo de la faena", señala el comunicado de Sernageomin, dejando claro que la operatividad de El Teniente depende ahora de la veracidad de esta nueva entrega de información.Transparencia bajo la lupaFinalmente, el organismo regulador reafirmó que su labor se basa en el principio de buena fe y en la veracidad de los datos que las compañías aportan. El quiebre de este principio por parte de la empresa estatal más importante de Chile pone en duda no solo los protocolos de Codelco, sino la eficacia de los sistemas de reporte vigentes en la industria.

La autoridad minera ordenó una fiscalización de oficio "urgente" luego de que la estatal reconociera inconsistencias en los reportes de seguridad vinculados a la tragedia que dejó seis víctimas fatales. Tres altos ejecutivos ya fueron removidos de sus cargos.

Sernageomin da 12 horas a Codelco para transparentar informes ocultos tras muerte de seis mineros.

Lo que comenzó como un luto nacional por la pérdida de seis vidas en las entrañas de la mina subterránea más grande del mundo, se ha transformado hoy en un escándalo de proporciones legales y corporativas. Codelco ha decidido descabezar la línea ejecutiva de su división estrella, El Teniente, tras confirmar que se "maquillaron" antecedentes técnicos entregados al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y a otras autoridades tras el fatal accidente de julio de 2025.El detonante: El informe que rompió el silencioLa decisión del Directorio, comunicada este viernes tras una sesión extraordinaria, se basa en dos pilares investigativos: un Informe de Consultoría Internacional y una Auditoría Interna finalizada en enero de 2026.Ambos documentos coinciden en un diagnóstico devastador: existió una estrategia deliberada de "inconsistencias y ocultamientos". Según fuentes cercanas a la investigación, los antecedentes reportados originalmente sobre las condiciones de fortificación y los protocolos de seguridad activados durante el evento sísmico de 2025 no coincidían con la realidad operativa de la mina en ese momento.Los implicados: Caída de los "pesos pesados"La salida de los ejecutivos no es un movimiento menor; se trata de figuras con décadas de trayectoria en la minería estatal:Mauricio Barraza (VP de Operaciones): Considerado hasta hace poco el "brazo derecho" de la producción nacional. Su remoción deja un vacío en la coordinación de todas las divisiones de Codelco.Claudio Sougarret (Gerente General de El Teniente): El ejecutivo ya enfrentaba críticas previas por parte de sindicatos y familias, quienes denunciaron desde el primer día una "falta de respuestas" y una gestión opaca durante las horas críticas del rescate.Rodrigo Andrades (Gerente de Proyectos): Responsable de las obras estructurales donde precisamente ocurrió el colapso.La sospecha: Mientras la empresa inicialmente apuntó a un fenómeno natural inevitable, los sindicatos denunciaron negligencia en los sistemas de fortificación y una presión desmedida por cumplir metas de extracción en zonas de alto riesgo. Los nuevos informes parecen darles la razón a los trabajadores.El Presidente Ejecutivo, Rubén Alvarado, fue tajante: la empresa no se detendrá en la remoción administrativa. Se enviará cada página de las auditorías al Ministerio Público."La transparencia proactiva y la autocorrección radical son nuestra única vía", declaró Alvarado.Expertos legales sugieren que los ejecutivos removidos podrían enfrentar cargos por obstrucción a la justicia y cuasidelito de homicidio, dependiendo de cuánto influyó el ocultamiento de información en la prevención de futuros riesgos o en el esclarecimiento de las muertes.Esta reestructuración ocurre en un momento crítico. Codelco proyecta producir 1.344 millones de toneladas en 2026, una meta ambiciosa que depende de la estabilidad de El Teniente. El mercado internacional observa con cautela: si bien la "limpieza" ética es bien vista por los inversores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), el cambio de mando genera incertidumbre sobre los plazos de entrega de los proyectos estructurales.

27 de mayo de 2026