La Fiscalía, con el apoyo de cerca de 120 efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), llevó a cabo diligencias de allanamiento simultáneas en las dependencias de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). El operativo, de gran envergadura, se extendió por cuatro regiones del país, contando con la participación de seis fiscales en terreno.

El objetivo principal de estas acciones es el levantamiento de material y evidencia considerada relevante para la investigación penal que se inició tras el incidente. El fiscal regional, Aquiles Cubillos, fue visto ingresando a las oficinas de Codelco, liderando las pesquisas.

El operativo judicial y policial se realiza a raíz del trágico suceso ocurrido el pasado 31 de julio, cuando un derrumbe en la mina El Teniente resultó en la muerte de seis trabajadores. Desde ese momento, la Fiscalía asumió la investigación para determinar las causas y eventuales responsabilidades penales en el desastre.

Objetivo de los allanamientos: Las diligencias, que involucraron a la PDI y fiscales en las sedes de Codelco y Sernageomin, buscan recabar la mayor cantidad de antecedentes y evidencia que permitan dilucidar las causas del accidente. El operativo tenía como objeto de interés a 38 personas.

El derrumbe en el yacimiento Andesita de El Teniente ocurrió, que Codelco calificó como el mayor en décadas en la zona. Expertos y la propia empresa han apuntado a la hipótesis de un estallido de roca producto de un evento de sismicidad inducida o una descarga vertical.

Además de la investigación de la Fiscalía por cuasidelito de homicidio, la Dirección del Trabajo también está llevando a cabo una investigación. Codelco ha entregado un reporte técnico preliminar del accidente a Sernageomin y ha respondido a más de 50 requerimientos de información de distintas entidades.

En sesiones especiales del Senado, trabajadores han acusado a Codelco de abaratar costos subcontratando y aluden a las malas condiciones de seguridad, mientras que senadores han cuestionado la fiscalización de Sernageomin.