La resolución, de ocho páginas y firmada por la Tercera Sala del tribunal, fue dada a conocer este martes 16 de septiembre. En ella se descartan nuevos cuestionamientos jurídicos sobre los aspectos ambientales del proyecto, dejando pendiente únicamente una discusión procesal en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, vinculada al cumplimiento de un fallo previo del Primer Tribunal Ambiental.

Desde Andes Iron, la noticia fue recibida como una victoria tras más de una década de trámites. La compañía subrayó que el caso Dominga “se ha transformado en el proceso de evaluación más extenso en los 30 años de funcionamiento del SEIA, reflejo de las tensiones entre la inversión productiva y la institucionalidad ambiental en Chile”.

El proyecto, que contempla la construcción de una mina y un puerto, ha enfrentado múltiples rechazos por parte del Comité de Ministros y fuertes críticas de organizaciones ambientalistas. Estas han advertido que la explotación minera, junto con el tráfico marítimo, podría generar impactos irreversibles en el ecosistema del Archipiélago de Humboldt, reconocido mundialmente por su biodiversidad y hábitats únicos para especies marinas y aves.

En contraste, Andes Iron sostiene que Dominga puede coexistir con el cuidado del medioambiente y que el fallo de la Corte Suprema confirma que “el Estado de derecho y las reglas de la inversión” se mantienen vigentes. La empresa recalca además que, tras 12 años de tramitación, el proyecto podría convertirse en un motor de desarrollo económico y empleo en la Región de Coquimbo.

Aun así, el debate social y político sobre Dominga sigue abierto. Mientras la justicia despeja el camino legal, las tensiones entre desarrollo económico y conservación ambiental mantienen dividido al país.