Según el asesor, el rol actual de Codelco como empresa estatal ha llegado a su límite. “Codelco debe pasar a tener mayoría de participación privada”, afirmó en una reciente entrevista, enfatizando que el Estado no tiene ni los recursos ni los incentivos adecuados para mantener el liderazgo minero global en un contexto de creciente competencia internacional y necesidad de innovación.

Espinoza criticó abiertamente el modelo de administración estatal de los recursos mineros, señalando que Codelco solo explota una fracción menor de los yacimientos que posee. “Tiene cerca del 31% de la propiedad minera constituida en el país, pero apenas un 4% está en explotación efectiva”, indicó. A su juicio, esto revela una profunda ineficiencia y una barrera al desarrollo de nuevos proyectos. “La empresa no explora activamente, no adquiere nuevas propiedades, no arriesga capital privado. Se ha transformado en un actor pasivo”, sostuvo.

La propuesta contempla liberar las propiedades no explotadas para que puedan ser evaluadas por el sector privado, que sí cuenta con la flexibilidad, capital y apetito por el riesgo necesarios para realizar exploración en profundidad, incluso en zonas con desafíos técnicos y ambientales.

La privatización de Codelco no es una propuesta aislada. Se inserta en un paquete de medidas estructurales más amplio que incluye una drástica reducción del tamaño del Estado, la privatización total de Televisión Nacional de Chile (TVN), la eliminación de múltiples regulaciones y una rebaja sustancial de los impuestos a las empresas, incluido el royalty minero. Espinoza argumenta que estos cambios son imprescindibles para volver a atraer inversión extranjera, reactivar el crecimiento y liberar el potencial económico del país.

Desde su óptica, “Chile tiene que recuperar el rumbo de una economía libre, sin trabas, sin burocracia, donde el emprendimiento y la inversión privada sean los motores del desarrollo”. En esa línea, propone que Codelco funcione como una corporación con objetivos de rentabilidad y eficiencia comparables a sus competidores internacionales, sin interferencia política ni sobrecarga administrativa.

El debate que abre esta propuesta va mucho más allá de una decisión de gestión empresarial. Toca uno de los pilares históricos de la identidad económica de Chile: el cobre como “el sueldo de Chile” y el rol del Estado como garante de los intereses nacionales en el ámbito minero. Desde la nacionalización impulsada por Salvador Allende en 1971, Codelco ha sido considerada un bastión del control público sobre los recursos naturales estratégicos.

Sin embargo, las crecientes dificultades financieras de la empresa, su alta carga de deuda y los retrasos en proyectos estructurales han dado pie a cuestionamientos sobre su capacidad de adaptación a un entorno minero global más competitivo, donde empresas privadas muestran mayor agilidad, especialmente en exploración, innovación y adopción tecnológica.

La idea de Espinoza también plantea preguntas sobre la distribución de la renta minera. ¿Quién se beneficiaría de una eventual privatización? ¿Cómo se garantizaría que los ingresos provenientes del cobre sigan sosteniendo políticas sociales y desarrollo territorial en regiones mineras?

La propuesta enfrenta una compleja barrera política y legal. Cualquier cambio en la propiedad de Codelco requeriría modificar leyes orgánicas y superar el amplio consenso histórico que ha protegido el carácter estatal de la empresa. Además, se anticipa una fuerte resistencia por parte de sindicatos, partidos de centroizquierda y movimientos sociales que ven en la privatización un retroceso en términos de soberanía económica.

No obstante, para sectores liberales, como el liderado por Kaiser, este es el momento adecuado para impulsar una reestructuración profunda. Argumentan que seguir defendiendo el statu quo condenaría a la minería nacional a perder competitividad frente a gigantes como BHP, Rio Tinto o empresas chinas estatales que operan con modelos flexibles, acceso rápido a capital y una visión estratégica de largo plazo.

Más allá de su viabilidad política inmediata, la propuesta de Espinoza pone sobre la mesa un debate que probablemente se intensificará en los próximos años: ¿Debe el Estado seguir controlando la principal empresa minera del país? ¿Está preparado para enfrentar los desafíos de transición energética, aumento de demanda por minerales críticos, y presión ambiental bajo un modelo estatal?

La minería chilena se encuentra en un punto de inflexión, y propuestas como esta, aunque controversiales, podrían marcar el tono de una nueva discusión sobre el futuro de los recursos naturales en el país.