El mapa minero y ambiental de Chile atraviesa semanas de máxima tensión. En un movimiento estratégico de último minuto, el Gobierno de Gabriel Boric ha oficializado la creación de seis nuevas áreas protegidas en la región de Atacama. Esta medida busca resguardar 10 humedales de altura y lagunas altoandinas, integrándolos a la ambiciosa Estrategia Nacional del Litio presentada en 2023.

El objetivo es ambicioso: crear un "escudo verde" de 510.000 hectáreas que equilibre la balanza frente a la extracción del llamado "oro blanco". No obstante, la administración saliente enfrenta un cronómetro implacable. Mientras 10 ecosistemas ya cuentan con decretos firmados, otros 16 complejos biológicos en Antofagasta y Tarapacá permanecen en un limbo administrativo, a la espera de consultas ciudadanas e indígenas.

Un choque de visiones económicas

La urgencia del Ministerio del Medio Ambiente responde a la incertidumbre sobre el rumbo que tomará la política extractiva a partir del 11 de marzo. El presidente electo, José Antonio Kast, ha mantenido un discurso enfocado en la desburocratización y el impulso a la inversión privada.

Los puntos clave que generan fricción son:

Reforma al SEIA: Kast ha planteado modificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para agilizar proyectos mineros que hoy considera "frenados".

Nueva dirección ambiental: La designación de Francisca Toledo —vinculada al think tank Libertad y Desarrollo— como futura ministra de Medio Ambiente, sugiere un giro hacia una gestión que priorice la eficiencia económica y regulatoria.

El litio: ¿Sueldo de Chile o riesgo ecológico?

El litio ha superado al cobre en potencial estratégico, siendo el componente esencial para la transición energética global. Sin embargo, su extracción requiere enormes cantidades de agua en zonas donde este recurso es extremadamente escaso.

Hasta hace poco, solo el 8.5% de estos salares contaba con algún tipo de resguardo legal. La nueva Red de Salares Protegidos pretende romper esa fragmentación, conectando cuencas hidrográficas en un sistema integral que evite el colapso de ecosistemas donde habitan especies únicas, como los flamencos altoandinos.

"Lo que estamos haciendo hoy es defender nuestra propia existencia", declaró Boric durante la firma de los decretos en Atacama, subrayando que el crecimiento económico no debe significar el sacrificio de la biodiversidad.

El futuro incierto de Antofagasta

Expertos y científicos advierten que si los 16 ecosistemas restantes no logran su estatus de protección en las próximas cinco semanas, podrían quedar expuestos a nuevas concesiones mineras. En muchos de estos salares ya existen intereses privados que ven en la protección ambiental un obstáculo para el desarrollo industrial.

La gran interrogante para la sociedad civil chilena es si estas declaratorias serán un blindaje jurídico sólido o si terminarán siendo trámites que la nueva administración podría revertir o flexibilizar en favor del crecimiento económico.