“Cuando yo sea Presidenta de la República, si los chilenos y las chilenas me eligen, voy a impulsar la Empresa Nacional del Litio”, afirmó con convicción la candidata, subrayando que los recursos naturales como el litio deben estar bajo control estatal. “Creo que es importante que los recursos que pertenecen a todos los chilenos estén resguardados en una entidad de carácter público, para que los beneficios que produce nuestra tierra sean repartidos entre todos los chilenos”, enfatizó.

La aspirante presidencial no ocultó su malestar con el acuerdo firmado por Codelco para asociarse con SQM, la empresa privada que actualmente domina la producción de litio en el Salar de Atacama. "No me agradó nada que esto se haya hecho con SQM, quiero decirlo súper claro", aseguró, aludiendo tanto a razones éticas como políticas.

El rechazo a SQM no es nuevo, pero en esta oportunidad cobró especial fuerza al vincularlo con episodios pasados de corrupción política. “A SQM la sacaría completamente de esta ecuación. En primer lugar, no solo por la herencia pinochetista que tiene, sino también porque es cierto que participó en el financiamiento ilegal de la política, y no me parece correcto”, declaró, haciendo alusión al escándalo que involucró a diversos actores políticos de distintos sectores y que aún resuena en la memoria colectiva del país.

Uno de los puntos que más tensión genera en el debate público es la manera en que se gestionó el acuerdo. Según la candidata, el proceso no cumplió con los estándares mínimos de transparencia y participación ciudadana. “Esto se hizo entre cuatro paredes, a dedo”, expresó, reforzando las críticas que ya han surgido desde otros sectores políticos, incluidos actores de su propio sector.

De hecho, recordó que la actual presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, también cuestionó públicamente la decisión, afirmando que lo ideal habría sido licitar el proceso de manera abierta y competitiva, considerando el historial de SQM.

Además, la candidata mencionó que existen reclamaciones activas de otras empresas involucradas en la industria del litio, como Tianqi –socia estratégica de SQM– que han manifestado su disconformidad con la forma en que se dio el acuerdo. “Hay una comisión investigadora en el Parlamento, hay empresas que están reclamando, incluso socios de SQM, y una opinión pública que recién se está enterando de que esto se hizo sin mayor discusión”, detalló.

La propuesta de una Empresa Nacional del Litio no es solo una reacción al acuerdo con SQM. Es, según sus palabras, una convicción de fondo. “Yo no voy por el lado de la licitación como alternativa, porque no quiero que esto esté en manos de los privados. Estos son los minerales de los chilenos, son parte de lo que entrega esta tierra. Tiene que pertenecer a una empresa pública”, sentenció.

La visión de la candidata se enmarca dentro de una corriente que ha ido ganando fuerza en América Latina, donde diversos países han empezado a revaluar sus políticas extractivas frente a la creciente demanda global de minerales críticos para la transición energética.

Este discurso no es aislado. Marca un cambio de tono en la política minera chilena y pone sobre la mesa una discusión de fondo: ¿Quién debe controlar los recursos naturales del país? Para la candidata, la respuesta es clara: el Estado y la ciudadanía.

La implementación de una Empresa Nacional del Litio supondría no solo un cambio en la estructura económica de la industria, sino también una redefinición del rol del Estado como actor productivo. Si bien algunos sectores advierten sobre los desafíos técnicos y financieros de una empresa de este tipo, la candidata ha dejado en claro que está dispuesta a asumir el liderazgo para concretarla.

“Mi tema es que uno, más que quejarse de lo que pasó, tiene que hacer cosas para proponer que se cambien”, expresó, apuntando a una agenda transformadora más allá de la crítica coyuntural.

Con este posicionamiento, la campaña presidencial suma un nuevo eje de polarización política, donde el litio y el rol de empresas como SQM se transforman en símbolos de modelos económicos contrapuestos: uno basado en la colaboración público-privada, y otro en la plena soberanía estatal sobre los recursos naturales.