La indagatoria busca esclarecer si existió una “eventual afectación patrimonial” a Corfo y precisar el destino final de los recursos, provenientes en su mayoría de excedentes extraordinarios del litio. La operación, ejecutada en dos tramos entre 2023 y 2024, fue defendida por La Moneda como una medida indispensable para “resguardar la estabilidad fiscal” en un escenario de ingresos volátiles.

No obstante, desde el momento en que se conoció la magnitud de los traspasos —USD 3.500 millones en total—, la oposición acusó un “manotazo” que desvió fondos originalmente destinados a la inversión, la innovación y el fomento productivo, para cubrir déficit de corto plazo.

Desde Hacienda, el ahora exministro Mario Marcel justificó reiteradamente que los fondos se emplearon para financiar prioridades sociales urgentes, como el aumento en la dotación de Carabineros y la reducción de listas de espera en el sistema público de salud. Además, aseguró que los decretos presupuestarios que autorizaron los movimientos fueron aprobados conforme a la normativa vigente.

En paralelo, Corfo se ha esforzado en minimizar el impacto de la medida, subrayando que no ha sufrido una merma patrimonial. De acuerdo con cifras oficiales, la entidad pasó de administrar apenas USD 160 millones en inversiones en 2021 a más de USD 1.500 millones al cierre de 2024, en gran parte gracias a los altos precios internacionales del litio. “Estos son recursos excepcionales que no comprometen el rol de Corfo como motor del desarrollo productivo”, sostuvo la corporación en un comunicado.

Las explicaciones, sin embargo, no han convencido a la oposición. Figuras como Evelyn Matthei han sido enfáticas en señalar que el problema no radica en la legalidad de los movimientos, sino en su legitimidad política: “Corfo no puede transformarse en la caja chica de La Moneda. Estos recursos debieron destinarse a innovación, desarrollo productivo y fomento de la minería, no a pagar errores de gestión fiscal”.

A su vez, José Antonio Kast calificó a las autoridades responsables de la operación como “un peligro para las finanzas públicas de Chile”, mientras que parlamentarios libertarios, como Johannes Kaiser, han planteado derechamente la necesidad de establecer responsabilidades políticas mediante interpelaciones o incluso acusaciones constitucionales.

Por ahora, la Contraloría guarda silencio respecto a plazos o eventuales conclusiones preliminares, manteniendo la incertidumbre sobre el desenlace de la investigación. Lo que sí está claro es que el organismo se ha propuesto determinar si Corfo debió vender activos en condiciones poco ventajosas para cumplir con los traspasos, lo que podría configurar una pérdida patrimonial para el Estado.

En paralelo, en el Congreso se discute la creación de una comisión investigadora para indagar las responsabilidades políticas detrás de la operación. Legisladores de oposición aseguran que el caso marca un precedente grave en la gestión de los excedentes del litio, un recurso estratégico para el país en medio de la transición energética global.

Más allá de la coyuntura, la controversia refleja un dilema mayor: ¿deben los excedentes del litio utilizarse para gasto corriente del Estado o para inversión en desarrollo productivo y tecnológico? El Gobierno sostiene que “el litio es de todos los chilenos” y que es razonable que sus ingresos refuercen las arcas fiscales. Sus detractores, en cambio, advierten que sacrificar la inversión en innovación a cambio de liquidez fiscal es hipotecar el futuro del país.

Mientras no haya respuestas claras de la Contraloría, el episodio seguirá siendo un punto de fricción en la política chilena, poniendo bajo la lupa la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la credibilidad del Gobierno en materia económica.