Los procedimientos apuntaron directamente a Mauricio Barraza Gallardo, exvicepresidente de Operaciones, y Claudio Sougarret Larroquete, quien fuera el gerente de Operaciones de la división afectada en Machalí. Ambos ejecutivos fueron removidos de sus funciones el pasado 13 de febrero, en medio de una creciente presión por esclarecer las circunstancias del fatal accidente.

Bajo la figura legal de cuasidelito de homicidio, el equipo multidisciplinario de la PDI no solo registró las viviendas de los imputados, sino también las oficinas corporativas de la estatal en Santiago y Rancagua. Durante la jornada, la empresa cuprífera facilitó el acceso a las dependencias, donde los detectives procedieron a la incautación de computadores, teléfonos celulares y diversos dispositivos de almacenamiento digital.

El objetivo de estas diligencias es que peritos especializados analicen las comunicaciones internas, correos electrónicos y reportes de seguridad previos a la tragedia. La fiscalía busca pruebas que confirmen si existió una negligencia inexcusable o si se ignoraron advertencias técnicas que podrían haber evitado el deceso de los seis trabajadores.

Este avance en la causa penal coincide con una semana de alta exposición para la plana mayor de la compañía. Apenas el miércoles pasado, el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, compareció ante la Fiscalía Regional de O’Higgins en calidad de testigo. Su declaración es una pieza clave para entender cómo fluyó la información desde las faenas hacia la alta dirección tras el accidente.

Sin embargo, el frente judicial no es el único problema que acecha a la minera. El escenario se ha vuelto aún más complejo tras una denuncia del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). El organismo fiscalizador apunta a un presunto ocultamiento de información, lo que ha puesto en tela de juicio la cultura de transparencia y seguridad dentro de la organización.

Con la evidencia ahora en manos de la justicia, se espera que el análisis de los equipos electrónicos arroje luces sobre las responsabilidades individuales de los exejecutivos. Mientras tanto, las familias de las víctimas y el sector minero permanecen atentos a un proceso que podría sentar un precedente histórico sobre la responsabilidad penal de las jefaturas en accidentes laborales de gran escala.