El proyecto proyecta un impacto mayor en el mercado global del metal rojo: se estima la producción de 2,7 millones de toneladas adicionales de cobre durante los próximos 21 años (un promedio de 120 mil toneladas anuales). Lo más atractivo del plan es que este incremento se logrará con una inversión adicional acotada, generando un valor incremental antes de impuestos de al menos US$ 5.000 millones, cuyas ganancias serán compartidas entre ambas firmas.

A pesar de la profunda integración operativa, el documento estipula que ambas compañías mantendrán de forma estricta su propiedad, gestión independiente y la flexibilidad para desarrollar proyectos propios (como sus recursos subterráneos).

Desde el sector privado destacaron que la integración de planes libera una de las oportunidades de adyacencia de cobre más significativas del mundo, clave para apoyar la ambición de Chile de elevar la producción nacional de cobre hasta alcanzar las 6 millones de toneladas anuales al año 2030.

Por su parte, el presidente del Directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, valoró el impacto estratégico para el Estado chileno:

"Este acuerdo representa una forma más eficiente y responsable de desarrollar uno de los principales distritos cupríferos del mundo. Nos permite aprovechar mejor la infraestructura existente, capturar mayores beneficios para Chile y avanzar con una visión de largo plazo basada en la excelencia operacional y la sostenibilidad".

Fontaine añadió que este plan conjunto se alinea con los pilares actuales de la estatal: seguridad, maximización de excedentes para el Fisco sin aumentar la deuda, transparencia y sostenibilidad.

La puesta en marcha definitiva de este plan minero aún tiene desafíos por delante. Aunque ya se iniciaron los estudios de ingeniería y planificación, la ejecución total queda condicionada a la obtención de los permisos ambientales correspondientes, un proceso que las empresas proyectan completar a más tardar en el año 2030.

El acuerdo incorpora estrictos criterios de sostenibilidad, asegurando el cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales vigentes en ambas faenas. Con esto, la alianza no solo busca capturar valor económico en un contexto de alta demanda internacional por la transición energética, sino también fijar un estándar de desarrollo responsable para la minería del futuro.