El caso, que inicialmente fue archivado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte tras cinco meses de indagatorias, ha generado controversia tanto en el ámbito político como judicial. La oposición del querellante a la decisión de la fiscalía argumentó que no se realizaron las diligencias mínimas necesarias para esclarecer los hechos, lo que derivó en la intervención del tribunal.

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco Matte, reconoció ante la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados que LPI no contaba con los activos necesarios para desarrollar la explotación de litio en la zona del Salar de Maricunga, en la Región de Atacama. Además, se reveló que las pertenencias mineras de la empresa no otorgaban derechos legales para la extracción de litio y que "Proyecto Blanco", el plan de explotación que justificaba la adquisición, aún se encontraba pendiente de resolución en el Tribunal Ambiental de Santiago.

Otro punto que generó alarma fue el precio pagado por Codelco por la compra de LPI, el cual, según las investigaciones preliminares, superó el doble del valor en que se transaban sus acciones en la bolsa australiana. Estas irregularidades han llevado a cuestionamientos sobre la transparencia y eficiencia de la gestión de la empresa estatal en esta operación.

El tribunal ordenó al Ministerio Público despachar una orden de investigación a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) y emitir los oficios correspondientes para esclarecer los hechos. Esta decisión subraya la importancia de llevar a cabo una indagatoria exhaustiva y objetiva en casos que podrían involucrar fraude al fisco y corrupción.

El abogado del querellante, Mauricio Daza, enfatizó que la fiscalía no puede cerrar una investigación basándose solo en la versión de la parte investigada, en este caso, Codelco. La reapertura del caso responde a la necesidad de aplicar un control riguroso en el manejo de los recursos públicos, especialmente en empresas estatales de gran relevancia como Codelco.

Este episodio ha puesto en evidencia fallas en los mecanismos de supervisión interna y externa de Codelco, además de posibles debilidades en la fiscalización judicial en Chile. La decisión inicial de la fiscalía de archivar la causa sin realizar diligencias clave revela deficiencias en la aplicación de su mandato de investigar casos de corrupción con imparcialidad y profundidad.

La reapertura de la investigación no solo refuerza la necesidad de mayor transparencia en la administración de los recursos estatales, sino que también podría derivar en responsabilidades penales si se confirman las irregularidades denunciadas. En este contexto, se espera que las nuevas diligencias entreguen luces sobre el verdadero alcance de la operación y las eventuales responsabilidades que puedan derivarse de ella