Sus clientes incluyen grandes empresas mineras internacionales, gobiernos, inversionistas mineros, instituciones de desarrollo, centros de investigación, y grupos de la sociedad civil. Su trabajo abarca 25 países en América Latina, Asia-Pacífico y África. Ha ocupado puestos en BHP, Citibank, Barrick Gold, y en Universidad de Queensland-Australia, entre otros.

En la actualidad, trabaja como economista independiente en la consultora Malthus Global con sede en Australia.

En 2025, Cristian se incorporó al equipo económico de la campaña presidencial de Johannes Kaiser, asumiendo la coordinación del plan minero del Partido Nacional Libertario.

Paola P. Tacchini cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en la gestión de estudios de investigación minera a nivel global. Su trayectoria incluye un historial destacado como asesora sénior en áreas relacionadas con el análisis socioeconómico, riesgos políticos y la evaluación de programas comunitarios en países en desarrollo a través de Consultora Malthus Global de la cual es cofundadora.

Desde enero de 2025, Paola forma parte del equipo económico de Kaiser, colaborando activamente en el diseño y desarrollo del plan minero.

1- Reducción de burocracia y permisología minera ¿Qué reformas propone para agilizar los permisos y dar mayor certeza a los inversionistas? Además, considerando que muchos inversionistas consideran que la regulación ambiental en Chile se ha convertido en una traba excesiva para la minería. ¿Qué ajustes propone para hacerla más predecible y alineada con el desarrollo económico?

Estamos trabajando en una profunda reforma del marco regulatorio minero, con el objetivo de transformar a Chile en el principal centro de actividad minera metálica y no metálica de América Latina. Para ello, impulsamos la creación de una ventanilla única de permisos, que integre trámites hoy dispersos en diversas instituciones, incluyendo la obtención de patentes mineras, autorizaciones ante organismos como el Consejo de Monumentos Nacionales, la Dirección General de Aguas, la Dirección de Obras Municipales, y muy especialmente, la tramitación ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Nuestro propósito es reducir drásticamente la burocracia y superar los obstáculos que hoy frenan el dinamismo y competitividad del sector, afectando negativamente la inversión, el empleo y el desarrollo de regiones enteras. Esto exige dejar atrás enfoques ideologizados en la regulación minera y redefinir el rol del Estado, que debe garantizar reglas claras y ágiles, no bloquear iniciativas productivas legítimas.

En materia ambiental —donde se concentra la mayor incertidumbre para los proyectos mineros— proponemos estandarizar los procedimientos, acortar los plazos de evaluación y reforzar la certeza jurídica de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). Para ello, proponemos tres categorías de evaluación con plazos definidos:

• Declaración Ambiental Simple (para exploración y pequeños proyectos): plazo máximo de un mes.

• Declaración de Impacto Ambiental (para proyectos medianos): plazo de hasta tres meses.

• Estudio de Impacto Ambiental (para proyectos mayores a US$500 millones): plazo de 6 a 9 meses.

Además, fortaleceremos el SEIA incorporando boletas de garantía ambiental y planes de apoyo al desarrollo regional, herramientas que permitirán transparentar y fortalecer la relación entre empresas y comunidades, y mejor conectados con las expectativas locales.

Por último, revisaremos normas que introducen rigideces ideológicas, incluyendo aquellas derivadas de tratados como Escazú o el Convenio 169 de la OIT, asegurando que Chile cuente con un marco jurídico coherente con una estrategia de desarrollo basada en el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales.

Con estos cambios, buscamos que la minería vuelva a ser una palanca clave del crecimiento nacional, articulando inversión, tecnología, empleo de calidad y desarrollo regional en un entorno de libertad, certeza jurídica y responsabilidad ambiental. 

2- Para mantener a Chile como líder en minería, es clave atraer nuevas inversiones. ¿Cómo espera facilitar la llegada de inversionistas privados y reducir la dependencia del Estado?

Atraer inversión privada al sector minero requiere un entorno institucional sólido, con reglas claras, previsibilidad jurídica y un marco tributario competitivo. En esta línea, proponemos una reducción gradual del impuesto corporativo, comenzando con una baja inmediata del 27% al 20% bajo un sistema plenamente integrado, y avanzando hacia una tasa del 15% al cuarto año de gobierno, una vez consolidado nuestro plan de superávit fiscal, reducción de la deuda pública y estabilización de la inflación. Esta última etapa nos posicionará con una de las tasas corporativas más competitivas del mundo, fortaleciendo el atractivo de Chile como destino de inversión y plataforma regional para el desarrollo minero. Esta reforma se complementará con mecanismos de depreciación acelerada y una ley de invariabilidad tributaria por 50 años, que establecerá que ningún gobierno podrá crear nuevos impuestos ni aumentar tasas, solo eliminarlas o reducirlas. Esta garantía será respaldada por un cambio constitucional, para brindar máxima certeza a los inversionistas. En conjunto, estas medidas fomentarán la inversión en capital fijo, la modernización tecnológica y el crecimiento económico. Su impacto positivo trascenderá el ámbito minero, impulsando el desarrollo productivo e industrial de toda la economía chilena.

Sin embargo, esto no basta. El desarrollo minero a gran escala demanda un mercado de capitales sólido y profundo, que facilite el acceso a financiamiento, la formación de alianzas estratégicas y la incorporación de nuevos inversionistas. Queremos que Chile se convierta en el centro de decisiones de inversión y financiamiento minero de América Latina.

Para fortalecer la presencia del sector minero en la Bolsa de Comercio de Chile, se propone integrarlo con mercados internacionales, crear un segmento exclusivo para empresas mineras que pudiera tener incentivos fiscales que las motiven a cotizar en la bolsa. Será esencial promover estándares mineros específicos y claros sobre cómo evaluar las oportunidades y riesgos del sector, fomentando un mercado más informado y confiado.

A nivel internacional, la experiencia de países como Canadá, Australia, Estados Unidos y Reino Unido demuestra cómo la participación bursátil de empresas mineras —incluyendo junior y exploradoras— impulsa el acceso a capital, la expansión de proyectos y la dinamización del ecosistema minero.

En contraste, la presencia bursátil minera en Chile es prácticamente inexistente, representando menos del 5% de la capitalización total del mercado. La ausencia en bolsa de grandes empresas, nuevos proyectos, y compañías medianas o de exploración, nos aleja de los centros de decisión clave y constituye una barrera estructural para el crecimiento del sector.

Chile cuenta hoy con un portafolio privado de inversiones mineras de entre US$ 50.000 y US$ 60.000 millones. Es fundamental que esas inversiones no solo se concreten, sino que también se reflejen y canalicen a través del mercado de capitales local, fortaleciendo así la autonomía financiera del país y reduciendo la dependencia del Estado como fuente exclusiva de impulso económico. 

3. En un contexto de mayor presión fiscal, que proponen para que los ingresos fiscales provenientes de la minería tengan efectos en el largo plazo.

La presión fiscal en Chile está estrechamente vinculada a la falta de crecimiento económico, a impuestos excesivos, como el aumento reciente de las patentes mineras derivado de la Ley 21.420, así como al despilfarro de recursos públicos, la corrupción y la implementación de políticas ineficaces que no contribuyen a la prosperidad a largo plazo.

Nuestro plan propone una estrategia contraria, mediante la creación de un Fondo Soberano Minero. Este fondo tiene como objetivo ahorrar una parte de los ingresos tributarios generados por la minería, de manera que estos recursos sirvan para las futuras generaciones y actúen como una fuente de financiamiento sostenible para inversiones productivas e infraestructura. Este enfoque representa un giro de 180 grados respecto a la administración histórica de los ingresos fiscales derivados de la minería.

Estamos actualmente evaluando los mecanismos más eficientes para la acumulación y recaudación de estos fondos, y exploramos las mejores formas de utilizarlos.

Así, en paralelo a esta propuesta, buscamos reemplazar el actual royalty minero, caracterizado por su falta de transparencia, ineficiencia y dificultad para permitir una adecuada planificación fiscal. En su lugar, planteamos implementar un royalty único basado en un cobro ad valorem de entre 3% y 3.5%, aplicado a todas las exportaciones mineras (no solo cobre).  Estimamos que esta medida podría generar una recaudación anual de aproximadamente US$ 1.600 y US$ 1.900 millones, de los cuales se destinaría entre un 50% y un 70% al Fondo Soberano Minero.

El diseño final de este fondo permitirá a Chile aumentar su autonomía económica, mejorar la transparencia en la gestión pública de los ingresos mineros y ofrecer un nuevo mecanismo para estabilizar la economía en tiempos de crisis, maximizando los recursos para las futuras generaciones y fomentando el desarrollo económico a través de inversiones en infraestructura y la creación de empleo. Nos basaremos en las mejores prácticas de países como Noruega, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes.

Aunque los últimos gobiernos han reconocido la importancia de la minería para Chile, sus políticas han sido contraproducentes, frenando el crecimiento y aumentando la presión fiscal. Nuestro programa busca transformar la riqueza minera en desarrollo y prosperidad sostenibles para todo el país.

4- Revitalización de alianzas internacionales y atracción de nuevos socios comerciales: En un mundo donde China y otros países buscan mayor control sobre los recursos mineros, ¿cómo debería Chile diversificar sus socios estratégicos sin comprometer la seguridad económica del país?

Chile se encuentra estancado en cuanto a la formación de alianzas internacionales para el fomento de la minería. Esta es una situación que queremos cambiar. Actualmente, existen grandes oportunidades que no estamos aprovechando debido a la falta de visión y acción por parte del sector público.

Países líderes en minería e industria, como Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, y las principales naciones europeas, así como potencias industriales como China e India, han lanzado agresivos planes de alianzas e inversiones para fortalecer sus posiciones económicas y geopolíticas, tanto en el sector minero como en áreas relacionadas, como energía, infraestructura, transporte y tecnologías asociadas (METS).

Nuestro programa propone un plan agresivo para formar nuevas alianzas y convenios internacionales en esa misma dirección. Contamos con un conocimiento profundo de la industria minera global y estamos decididos a diversificar los socios estratégicos de Chile, lo que permitirá fortalecer su seguridad económica y mejorar su posición geopolítica.

Tenemos tanto el conocimiento como los recursos necesarios para liderar las negociaciones internacionales y promover el crecimiento de la minería y la industrialización de Chile.

5- La minería genera empleo y dinamiza las economías locales, pero las comunidades muchas veces se oponen a nuevos proyectos. ¿Cómo mejorar la relación entre la industria y las regiones mineras para reducir la conflictividad y agilizar las inversiones?

La minería es una fuente importante de empleo y dinamiza las economías locales, pero es cierto que las comunidades a menudo se oponen a nuevos proyectos. ¿Cómo mejorar la relación entre la industria minera y las regiones para reducir la conflictividad y agilizar las inversiones?

Sabemos que las regiones mineras experimentan un crecimiento más acelerado que aquellas no mineras debido a las oportunidades de empleo y el encadenamiento productivo que genera la industria. Sin embargo, en los últimos 15 años, grupos anti-mineros, que no representan a toda la sociedad civil, han generado conflictos artificiales y distorsionado la percepción de la minería. A menudo, se desconocen los beneficios que la minería ofrece en términos de oportunidades laborales y desarrollo regional.

Los discursos anti-mineros, sumados a la falta de crecimiento en el sector, han empeorado la situación socioeconómica en muchas áreas, convirtiéndola en una realidad difícil para muchas personas.

Queremos revertir esta situación. Para ello, vamos a fortalecer el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante la exigencia de Boletas de Garantía Ambiental y la implementación de Planes de Apoyo al Desarrollo Regional en los grandes proyectos. Esto permitirá reducir las preocupaciones de las comunidades, mientras se desarrollan proyectos con una mejor conexión socioeconómica.

Exigir la presentación de Planes de Apoyo al Desarrollo Regional a los grandes proyectos antes de ingresar al SEIA, alineará al sector con las mejores prácticas globales, promoviendo la transparencia de los aportes de las empresas, acuerdos y alianzas. Se espera que los proyectos mineros estén mejor integrados con otros sectores económicos, la infraestructura y servicios públicos, las realidades de la fuerza laboral local, y las expectativas de las personas a nivel local.

Estamos convencidos de que, estas medidas fortalecerán la confianza y aceptación de las comunidades, en donde las empresas y actores locales podrán trabajar en conjunto para aprovechar las nuevas oportunidades de desarrollo y prosperidad. Así, las regiones mineras recuperarán el progreso y las tendencias socioeconómicas positivas que las han caracterizado en el pasado.

6- Codelco enfrenta serios problemas financieros y operacionales. ¿Es momento de replantear el rol del Estado en la gestión de estas empresas y abrirlas a mayor participación privada?

A pesar de los cambios en su gobierno corporativo, CODELCO se ha transformado en la mayor empresa de ‘movimiento de tierra’ de Chile, un Leviatán muy difícil de controlar. Cada año, la empresa incrementa su deuda en aproximadamente US$ 1.500 millones, y su deuda total financiera ha superado los US$ 22.800 millones en el 2024. Esto equivale a 20 veces sus ganancias operacionales.

Así, una contracción económica global o un escenario de precios bajos para el cobre, podría significar insolvencia financiera y afectar seriamente el patrimonio fiscal.

En el 2024, por ejemplo, el aporte de CODELCO al Estado fue de unos US$ 1.534 millones, lo que fue financiado íntegramente con una mayor deuda financiera. Entonces, la pregunta que todos los chilenos debieran hacer es: ¿qué sentido tiene este aporte fiscal de US$ 1.534 millones si todo se financia con deuda, en donde además ese mismo año se pagan más de US$ 900 millones en intereses financieros?

De otra forma, si observamos el aporte al Estado por tonelada (como una medida de la eficiencia operacional/tributaria), el aporte fiscal de CODELCO ha disminuido sustancialmente en los últimos quince años, desde unos US$ 4,7 millones por tonelada a casi US$ 1 millón por tonelada.

Esta forma de gestionar CODELCO tiene profundos efectos negativos en el ecosistema minero a nivel de regiones y comunas mineras.

Nuestro plan considera una auditoría estratégica a CODELCO que incluya una revisión exhaustiva de sus planes de inversión, contratos operacionales, servicios administrativos, sus alianzas, y el funcionamiento de sus empresas relacionadas. Queremos tener una evaluación detalladas del rendimiento y productividad por divisiones antes de tomar cualquier decisión.

Esta auditoria estratégica nos ayudará a definir mejor el rol del Estado en la producción minera de Chile, posibles nuevas estructuras para CODELCO, evaluar la posibilidad de incorporar capital privado para mejorar la gestión y atraer nuevas inversiones, y/o un plan de venta y licitación de activos y/o pertenencias mineras no esenciales.