El sector minero en el Perú es uno de los pilares de la economía nacional, pero su vertiente artesanal y de pequeña escala (MAPE) enfrenta un desafío estructural que parece de nunca acabar. El REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), creado originalmente como un registro excepcional con el objetivo de formalizar a la pequeña minería, facilitando el paso transitorio a los pequeños productores mineros e integrarlos en la legalidad. Por el contrario, se ha transformado en un sistema perpetuo que prioriza el mero cumplimiento de requisitos (check-list burocrático) por encima de reformar un modelo de desarrollo.

1. La Trampa del Cumplimiento Normativo

El principal problema del REINFO radica en su concepción de "éxito". Para el Estado, un minero está "en proceso de formalización" si cumple con hitos administrativos específicos. Sin embargo, el cumplimiento de estos requisitos no garantiza que la operación sea técnicamente viable, ambientalmente responsable o socialmente justa a largo plazo. Se ha creado una "formalidad de papel": el minero cumple con el formulario, pero en el terreno, las prácticas de extracción, el manejo de relaves y la seguridad laboral siguen operando bajo lógicas de subsistencia o precariedad.

2. Ausencia de una Visión de Sostenibilidad

Un sistema de desarrollo sostenible debería descansar sobre tres pilares: económico, ambiental y social. El REINFO, tal como funciona hoy, carece de solidez en los siguientes aspectos:

Vacío Ambiental, el enfoque es correctivo, no preventivo. Al centrarse en requisitos documentarios, el sistema ignora la recuperación real de los ecosistemas degradados.

Muchos mineros mantienen su estado de "vigente" en el registro sin haber implementado nunca las medidas de mitigación técnica que plasmaron en sus expedientes.

Fragilidad Económica, la formalización bajo el REINFO no suele venir acompañada de asistencia técnica. Sin tecnología para optimizar sus operaciones, como la explotación sostenible, plantas de beneficio eficientes, entre otros. El minero se ve obligado a maximizar el volumen de extracción con métodos rudimentarios para cubrir los costos de sus actividades.

Conflicto Social, el REINFO ha sido utilizado, en muchos casos, como un "escudo legal" para evitar la interdicción en zonas donde la minería está prohibida o sobre concesiones de terceros, generando una parálisis jurídica que acrecienta el conflicto entre los productores mineros y titulares de concesiones.

3. La "Prórroga Eterna" como desincentivo

El sistema ha caído en un ciclo de extensiones de plazo legislativo. Al postergarse constantemente la fecha de cierre del REINFO, la realidad es contraproducente: no es necesario ser sostenible, basta con estar registrado. Esto genera una competencia desleal para aquellos mineros que sí invierten en planes de cierre de minas y la remediación de pasivos ambientales. El cumplimiento se vuelve un fin en sí mismo para evitar la persecución del Estado, pero no una herramienta para escalar hacia una empresa minera sostenible. De esa manera pasar de un sistema de "check-list" a uno de desarrollo sostenible, la reforma técnica no puede ser solo legal, sino operativa. El objetivo es que el minero no solo "tenga el papel", sino que su mina sea una unidad económica eficiente y limpia.

Actualmente, el REINFO es solo situación vigente o suspendido, una reforma técnica debería establecer escalones de crecimiento empresarial, este enfoque convierte la minería formal en una actividad sostenible. Si el minero ve que cumplir con estándares técnicos le permite acceder a mejores condiciones de productividad, dejará de ver la “FORMALIZACIÓN MINERA INTEGRAL” como un hostigamiento y empezará a verlo como una oportunidad de desarrollo.

Una propuesta de política pública estaría basada en un objetivo estratégico de sustituir el enfoque de cumplimiento documental del REINFO por un modelo de estatus de madurez operativa, que vincule la legalidad con la productividad técnica y el acceso a mercados formales.

Además, hay que tener en cuenta que el mayor desafío no es solamente técnico, sino la resistencia política de quienes se benefician del desorden actual (compradores ilegales de oro y proveedores de insumos restringidos). Para que una reforma técnica como la que se propone logre éxito, debe sobreponerse a la "devastadora" política peruana. El REINFO no es solo un registro; para muchos actores, es un mecanismo de supervivencia política y económica. El obstáculo más visible es la relación entre ciertos legisladores y los gremios de productores mineros. Es más conveniente políticamente votar por una prórroga de plazo (que mantiene el statu quo y asegura votos) que diseñar un sistema complejo de fiscalización técnica. El REINFO se puede ver de esa manera como una moneda de intercambio electoral.

En conclusión, el REINFO como tal se creó, ya cumplió su ciclo. Mantenerlo como un simple repositorio de titulares y permisos temporales solo profundiza la brecha entre la legalidad y la realidad actual de la MAPE. Para que la minería de pequeña escala sea un motor de desarrollo sostenible, el Estado debe pasar de un modelo de "aprobación de expedientes" a uno de "acompañamiento productivo". Esto implica que el cumplimiento de requisitos sea el punto de partida, y no la meta final.

La formalización debe significar que el minero no solo obtiene una autorización, sino que tiene una operación que no hipoteca el futuro de su comunidad. Transformándose la formalización de un trámite administrativo en un pacto social. Para que esa visión se convierta en realidad y no se quede en un ideal, debe orientarse La Nueva Ley MAPE, ley de la Formalización Minera Integral, en la creación de nuevo sistema de Desarrollo Minero Sostenible.

Dr. Alexander Rames Rodas

Gerente de Minera North Silver

Consultor en Legislación Minera