La División Gabriela Mistral (DGM) de Codelco, ubicada en la comuna de Sierra Gorda (Región de Antofagasta) a 120 kilómetros al sudoeste de Calama, se ha situado en el centro de la discusión estratégica sobre el futuro de la minera estatal. Ante el paulatino agotamiento de sus reservas y la urgencia de concretar nuevas exploraciones e inversiones de capital para extender su vida útil, la operación ha surgido internamente como una de las candidatas para avanzar hacia un modelo de asociación con capitales privados, alternativa que actualmente se encuentra en etapa de evaluación.

A diferencia de faenas como El Teniente o Chuquicamata, Gabriela Mistral presenta una realidad operativa particular. La planta y el yacimiento requieren inversiones intensivas para la transición hacia el procesamiento de minerales sulfurados o para extender la lixiviación de mineral de baja ley. Estos requerimientos financieros compiten directamente con la abultada deuda financiera de la Corporación Nacional del Cobre y su ajustado plan general de proyectos estructurales, lo que impulsa la búsqueda de fórmulas de financiamiento alternativas.

La faena destaca en la historia minera del país por haber iniciado sus operaciones comerciales en 2008 (originalmente constituida como la filial Minera Gaby S.A.) y por convertirse en un referente tecnológico global al incorporar, desde sus inicios, una flota de camiones de extracción 100% autónomos, además de promover una de las mayores tasas de participación laboral femenina en la industria nacional. Sin embargo, la brevedad de su horizonte de reservas de óxidos obliga a tomar decisiones de largo plazo de forma inminente.

La sola posibilidad de dar entrada a socios privados en un yacimiento activo de Codelco activó de inmediato las alarmas en los gremios mineros y reabrió una compleja controversia jurídica. Héctor Roco, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), rechazó enfáticamente la propuesta argumentando que "no se puede privatizar, todas las divisiones necesitarían un cambio constitucional y hay un pronunciamiento de la Contraloría al respecto. Todas están protegidas por la ley, ningún yacimiento en ejercicio puede ser enajenado".

Desde la perspectiva legal, la legislación chilena y los preceptos constitucionales que rigen a la empresa pública restringen severamente la enajenación de pertenencias mineras en explotación. Aunque la Ley N° 19.137, promulgada en 1992, faculta a Codelco para formar sociedades con privados con el fin de explorar y explotar yacimientos que no formen parte de sus divisiones operativas en producción, la inclusión directa de una división en ejercicio requeriría necesariamente un trámite legislativo de alto quórum o una reforma constitucional.

Este debate sobre la continuidad de Gabriela Mistral coincide con un momento determinante para Codelco, en el que la estatal busca modelos de financiamiento flexible —similares a los esquemas de asociación público-privada aplicados en el desarrollo de la Estrategia Nacional del Litio— para sostener sus metas de producción de cobre sin seguir sobrecargando el balance financiero del Estado chileno.