Esta situación vuelve a poner en el centro del debate las condiciones de seguridad que enfrenta el personal en la minera. La dirigencia recordó que estas denuncias no son nuevas y que la falta de respuestas efectivas por parte de la administración ya había motivado movilizaciones de los trabajadores en semanas recientes.

Los hechos se desarrollaron de manera consecutiva durante la noche. En el primer evento, una operadora debió ser auxiliada por sus compañeros para abandonar la cabina de un apilador, luego de que el equipo sufriera una falla estructural severa.

De forma casi simultánea, las brigadas de emergencia debieron desplegar un operativo dentro del domo de la concentradora. En ese lugar, un trabajador contratista quedó atrapado dentro de un bulldozer que fue cubierto por toneladas de material.

A pesar de la alta peligrosidad de ambos episodios, los involucrados no presentaron lesiones físicas. Sin embargo, desde FESIN BHP enfatizaron que esto no resta gravedad a lo sucedido ni debe ser visto como hechos aislados, ya que la vida de los trabajadores estuvo directamente en riesgo.

Frente a este escenario, la directiva del Sindicato Spence y la federación respaldaron las acciones iniciadas ante la Dirección del Trabajo, la SEREMI de Salud y el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN). El objetivo es lograr una fiscalización exhaustiva que determine las causas de los accidentes y verifique las medidas adoptadas antes de permitir cualquier reanudación en las áreas afectadas.

Asimismo, la FESIN BHP rechazó categóricamente los intentos de convertir la prevención de riesgos en una responsabilidad meramente individual. El gremio remarcó que la obligación de garantizar instalaciones seguras corresponde a la empresa y que las metas de producción no pueden imponerse sobre la seguridad.

Finalmente, la organización sindical instó a BHP a entregar información transparente y oportuna, calificando los datos entregados hasta ahora como insuficientes. La federación concluyó que continuará apoyando a los trabajadores propios y contratistas, subrayando que "ninguna tonelada de cobre justifica normalizar el riesgo".