La propuesta tiene como objetivo modernizar el Estado, reducir costos operativos y mejorar la coordinación institucional, especialmente en áreas clave para el desarrollo productivo del país. Según los economistas, el actual aparato estatal ha llegado a un nivel de complejidad que dificulta la gestión eficiente de las políticas públicas, genera duplicidad de funciones y ralentiza la tramitación de proyectos de inversión.

Minería: una prioridad estratégica en el rediseño institucional

La fusión del Ministerio de Minería con el de Economía no es una medida simbólica. Según los autores, responde a una necesidad urgente de alinear la política minera con los objetivos de crecimiento económico, productividad e innovación. En este sentido, el documento plantea que la minería debe ser parte de una estrategia económica nacional coherente, integrada a cadenas de valor más amplias, y no gestionada de manera aislada por una cartera sectorial.

“Muchas de las trabas a la inversión minera —como la permisología, la falta de coordinación territorial o la incertidumbre regulatoria— no son propias del sector, sino síntomas de un Estado fragmentado y lento”, señala el documento. La propuesta busca fortalecer el rol del Ministerio de Economía como articulador del desarrollo productivo, absorbiendo competencias del Ministerio de Minería, pero también dotando a la nueva entidad fusionada de herramientas más eficaces para destrabar inversiones, fomentar la exploración y apoyar a la industria en el proceso de transición energética.

Un contexto de estancamiento y desafíos globales

La propuesta de reforma institucional se enmarca en un diagnóstico preocupante sobre el estancamiento económico de Chile. En la última década, el crecimiento del PIB per cápita ha sido inferior al 1% anual, muy por debajo del promedio de décadas anteriores y de países comparables. La inversión privada, incluyendo la minera, ha mostrado una tendencia decreciente, y el país ha perdido dinamismo en sus exportaciones.

La minería, pese a seguir siendo uno de los principales motores de la economía chilena, enfrenta crecientes desafíos para desarrollar nuevos proyectos, debido a factores como la judicialización de permisos, conflictos socioambientales, incertidumbre tributaria y competencia internacional por capitales. En ese contexto, la integración del Ministerio de Minería al de Economía es vista como una medida que permitiría superar las barreras administrativas y potenciar la competitividad del sector.

El informe también propone que el nuevo ministerio fusionado tenga mayores atribuciones para coordinar los servicios públicos involucrados en la tramitación de proyectos, así como liderar revisiones periódicas de los marcos regulatorios. Esto podría beneficiar especialmente a los proyectos mineros de gran escala, que hoy enfrentan años de retraso en su evaluación y aprobación.

Reacciones del sector minero: cautela y atención

La propuesta ha generado diversas reacciones en el mundo minero. Si bien algunos actores ven con buenos ojos una reforma que apunte a mejorar la eficiencia del Estado, también existe preocupación respecto a la pérdida de una institucionalidad especializada que ha sido clave en el desarrollo del sector.

“Es una idea interesante desde el punto de vista de la coordinación macroeconómica, pero hay que tener mucho cuidado de no debilitar la expertise técnica que hoy existe en el Ministerio de Minería. La minería tiene particularidades técnicas, geológicas y ambientales que no pueden diluirse en una cartera más generalista”, señaló un alto ejecutivo de una compañía minera con operaciones en el norte del país.

Otros analistas, en cambio, ven en la propuesta una oportunidad para dotar al sector de una visión más estratégica y moderna, alineada con el impulso a la economía verde, la industrialización del litio y la incorporación de tecnología en las operaciones.

Modernización del Estado: una visión integral

Además de la reestructuración ministerial, el informe plantea modernizar profundamente la gobernanza de las empresas públicas, incluyendo ENAMI y Codelco, para hacerlas más eficientes y menos dependientes de los ciclos políticos. Se propone profesionalizar sus directorios, aumentar la transparencia y mejorar sus capacidades de planificación a largo plazo.

También se contempla la creación de una Agencia de Calidad de Políticas Públicas y Productividad, que asumiría tareas de evaluación y seguimiento de políticas económicas, y un Consejo Fiscal Autónomo fortalecido. Estas instituciones contribuirían a una gestión pública más técnica y menos expuesta a vaivenes políticos.

¿Y ahora qué?

Aunque el documento El Puente no constituye un programa de gobierno, sí busca incidir en el debate público y en las plataformas de las candidaturas presidenciales de 2025. Los economistas que participaron en su elaboración —entre ellos Harald Beyer, Raphael Bergoeing, Cecilia Cifuentes y Vittorio Corbo— provienen de distintas sensibilidades políticas, lo que da a la propuesta una base técnica amplia y transversal.

Para el sector minero, la fusión ministerial propuesta representa tanto un desafío como una oportunidad. Si se implementa con criterio técnico, podría destrabar cuellos de botella históricos en la inversión, mejorar la coordinación regulatoria y fortalecer la competitividad del país como productor de minerales críticos para la transición energética global. Pero si no se resguarda la especialización del sector, advierten los expertos, Chile podría perder uno de sus activos institucionales más valiosos.