Con la aprobación de la megarreforma económica como telón de fondo, el Partido Republicano fijó su mirada en un terreno históricamente complejo para la política nacional: el futuro de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco). Frente al complejo panorama operacional y financiero de la mayor productora de cobre del país, la tienda encabezada por el senador Arturo Squella busca instalar de manera prioritaria la apertura de la propiedad de la estatal al capital privado.

La arremetida de la colectividad se produce tras las recientes revelaciones formuladas por el presidente del directorio de la minera, Bernardo Fontaine, quien dio a conocer que Codelco arrastra un nivel de endeudamiento cercano a los US$ 25.000 millones —una cifra cuatro veces mayor a la media de la industria privada de similar escala—, sumado a un incremento en sus costos y gastos del 43% en los últimos cuatro años, con alzas de hasta un 80% por tonelada producida.

Para la dirigencia republicana, estas cifras confirman un diagnóstico estructural que no puede resolverse bajo la actual arquitectura de propiedad.

"Es tiempo de evaluar en serio la decisión de impulsar la venta de empresas públicas que no producen como debieran o que en manos del Estado están impedidas de ser competitivas. A estas alturas, pasa a ser fundamental que le entre oxígeno privado a esa empresa", afirmó Squella a La Tercera.

La propuesta impulsada por el Partido Republicano no plantea la enajenación total del patrimonio minero del Estado, sino el diseño de un esquema de propiedad mixta que permita inyectar capital y transformar la gobernanza de la compañía sin que el Fisco pierda el control mayoritario.

Garantizar un bloque de directores que no respondan a los vaivenes políticos ni a la administración de turno, sino al objetivo de optimizar la rentabilidad y la eficiencia de los procesos extractivos.

Diseñar mecanismos para que los propios operarios y profesionales de la cuprífera adquieran participaciones de la propiedad. La tesis republicana sostiene que el sentido de pertenencia patrimonial alinea los incentivos de productividad y frena el gasto ineficiente.

Alternativamente, la venta podría acotarse a unidades de negocio específicas o divisiones operativas de la corporación para captar liquidez inmediata.

Desde la perspectiva financiera del partido, la menor recaudación o la cesión de dividendos futuros se compensaría con una mayor productividad: una minera más eficiente generaría utilidades globales más altas, asegurando que el Estado reciba ingresos iguales o superiores a los actuales, incluso con un porcentaje menor de las acciones.

Un argumento central de la colectividad para reabrir esta discusión es la necesidad de financiar los compromisos sociales del programa de gobierno en un contexto de estrechez fiscal y volatilidad en los precios internacionales de las materias primas, como el reciente aumento no presupuestado en el precio del petróleo.

Squella enfatizó que la venta de una fracción de Codelco permitiría al Estado obtener liquidez inmediata para proteger el gasto social sin profundizar el déficit público ni postergar proyectos de desarrollo. Incluso sugirió que parte de los recursos captados podrían destinarse a financiar programas de incentivo al retiro voluntario de funcionarios públicos, reduciendo la carga del gasto corriente estatal a largo plazo.

A pesar de la presión ejercida por su principal aliado parlamentario, el Gobierno ha optado por mantener distancia de la iniciativa. El Presidente José Antonio Kast fijó la postura del Ejecutivo a fines de mayo, señalando que la prioridad del momento debe ser estabilizar las operaciones de la minera antes de abrir una discusión sobre la propiedad.

Esta cautela es compartida por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y por el propio presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, quien reiteró recientemente que la planificación estratégica se realiza sobre la base firme de que la compañía «seguirá siendo 100% estatal».

En el espectro de Chile Vamos, particularmente en la Unión Demócrata Independiente (UDI), existe una coincidencia doctrinal con la propuesta, pero persisten dudas sobre el momento político para impulsarla.

Para varios sectores de la derecha, esta ofensiva trasciende la mera gestión presupuestaria y se enmarca en la denominada «batalla cultural»: instalar en la discusión pública que el dominio estatal sobre los recursos estratégicos no garantiza por sí solo su máximo beneficio social si no está respaldado por criterios estrictos de rentabilidad y competencia.