La revista mining en una conferencia telefónica con inversionistas, destacó que el director ejecutivo Zhao Jing Ivo expresó su preocupación por la posibilidad de nuevas protestas y bloqueos durante el periodo electoral, recordando que la operación ya ha sufrido interrupciones significativas en el pasado. “Debemos prever un margen de maniobra para imprevistos”, señaló, subrayando que la incertidumbre política suele amplificar las demandas y movilizaciones de las comunidades locales.

La advertencia se produce apenas semanas después de que bloqueos viales en la región de Apurímac dificultaran el transporte de cobre semiprocesado hacia los puertos de exportación. Aunque la producción no se detuvo completamente, la empresa acumula inventarios que aún están en proceso de liquidación. Según Zhao, la falta de una solución definitiva por parte del gobierno al último conflicto deja abierta la posibilidad de nuevos episodios de paralización en el segundo semestre de 2025.

Pese a este escenario, MMG mantiene su proyección anual de producción para Las Bambas entre 360.000 y 400.000 toneladas de cobre, una meta que refleja la importancia estratégica del activo dentro de su portafolio global. Zhao recordó que, tras la crisis de 2022 —cuando un grupo de manifestantes ocupó el yacimiento durante meses—, la empresa implementó programas para fortalecer la relación con las comunidades, incluyendo acuerdos con mineros artesanales, lo que ha permitido evitar tomas prolongadas.

En el ámbito financiero, los resultados presentados muestran un sólido desempeño: las utilidades netas del primer semestre ascendieron a 340 millones de dólares, muy por encima de los 21,1 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. Este repunte se atribuye tanto a un mejor desempeño operativo como a condiciones favorables en los precios internacionales del cobre. Tras el anuncio, las acciones de MMG registraron un avance en los mercados.

Las Bambas, situada entre las regiones de Apurímac y Cusco, produce aproximadamente el 2% del cobre mundial y es considerada un motor económico clave para Perú, país que ocupa el segundo lugar como productor global del metal. Sin embargo, su historial de conflictos sociales —frecuentemente ligados a demandas de compensaciones, infraestructura y empleo— ha convertido a la mina en un termómetro de la relación entre el sector minero y las comunidades andinas.