Se trataba de iniciativas ambiciosas: por un lado, la instalación de una planta de procesamiento y fabricación de baterías eléctricas; por otro, la participación en la cadena de extracción y transformación del litio, uno de los minerales más codiciados. Sin embargo, ambas empresas optaron por dar un paso al costado, citando como causas principales las condiciones desfavorables del mercado internacional —marcadas por la baja sostenida en el precio del litio— y, de manera no menor, las crecientes trabas administrativas y la falta de certezas jurídicas que encontraron en Chile.

Este revés no solo representa una pérdida de capital financiero e industrial, sino que pone en cuestión la credibilidad de la estrategia con la que el Gobierno busca posicionar al país como líder mundial en la transición energética. Chile cuenta con ventajas naturales incuestionables —como una de las mayores reservas de litio del planeta—, pero la inversión extranjera requiere más que recursos geológicos: exige reglas claras, procesos eficientes, y un Estado capaz de facilitar, no entorpecer, el desarrollo de proyectos.

Según trascendidos del sector, los ejecutivos chinos se mostraron sorprendidos por la rigidez y lentitud de los mecanismos regulatorios. A pesar de haber manifestado reiteradamente su disposición a cumplir con los estándares nacionales, se enfrentaron a un entramado burocrático que demoró avances clave. Lo que debió ser una alianza estratégica terminó en frustración, afectando no solo la imagen de Chile como destino de inversión, sino también el clima general de negocios.

Además, este fracaso ocurre en un momento complejo para el país. El crecimiento económico es débil, la inversión privada ha mostrado señales de estancamiento, y los sectores estratégicos —como la minería y la energía— deberían estar liderando la recuperación. La salida de BYD, una de las empresas más innovadoras en el ámbito de la electromovilidad, es especialmente simbólica: representa una puerta que se cierra justo cuando otras economías de la región están abriéndose al futuro.

De hecho, mientras Chile pierde terreno, países como Argentina exploran nuevas alianzas y tecnologías. YPF, en conjunto con la startup israelí XtraLit, anunció recientemente un proyecto piloto para la extracción directa de litio, una técnica que promete mayor eficiencia y menor impacto ambiental. Bolivia, por su parte, sigue buscando consolidar acuerdos con empresas chinas y rusas, con un enfoque más pragmático.

China, pese a esta retirada puntual, sigue teniendo un interés estratégico en el "triángulo del litio" que componen Chile, Bolivia y Argentina. Pero es evidente que la falta de agilidad institucional en Chile está comenzando a pasar factura. A nivel internacional, los inversionistas comparan, miden tiempos, condiciones y retornos. Si Chile no reacciona, el liderazgo regional que ostenta podría diluirse.

La Estrategia Nacional del Litio fue presentada como una política de Estado, con participación público-privada y foco en la sostenibilidad. Sin embargo, la realidad ha demostrado que aún hay brechas importantes entre los anuncios y su implementación. A casi un año de su lanzamiento, los resultados concretos siguen siendo escasos, y ahora se suma un episodio que pone en jaque su viabilidad a corto plazo.

El desafío que enfrenta Chile no es solo técnico ni geológico: es político y administrativo. Requiere decisiones valientes, menos burocracia y una verdadera voluntad de atraer inversión extranjera con condiciones competitivas. Las oportunidades están ahí. Pero si no se actúa con mayor rapidez, otros países seguirán avanzando, mientras Chile observa desde la banca cómo se le escapa una nueva revolución industrial.