La controversia tiene su origen en los informes operativos del cierre de 2025. En diciembre de ese año, Codelco reportó una producción de 172.300 toneladas métricas, el rendimiento mensual más alto registrado en años. Esta cifra fue fundamental para que la estatal proclamara el cumplimiento total de sus metas anuales de producción, un indicador crítico que no solo tranquiliza a los mercados internacionales, sino que activa directamente el pago de millonarios bonos de desempeño para la plana ejecutiva y los trabajadores.

Sin embargo, el "milagro" productivo comenzó a desmoronarse en el primer trimestre de 2026. En marzo, un informe de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) reveló que la producción de la estatal se desplomó a 91.000 toneladas, una caída del 47% en comparación con diciembre y el cuarto peor registro mensual de la última década.

Ante la inconsistencia técnica de producir casi el doble en un mes y caer a la mitad al siguiente, el Comité de Auditoría del Directorio ordenó una investigación. Las conclusiones preliminares son demoledoras: 20.000 toneladas de cobre reportadas en 2025 simplemente no cuadran.

El documento apunta directamente a una maniobra en la División Chuquicamata. Según la auditoría, César Márquez Márquez, Gerente de Presupuesto y Control de Gestión, habría liderado una iniciativa para contabilizar producción inexistente o adelantada, "omitiendo deliberadamente a las áreas técnicas que debían supervisar y aprobar dicho proceso". Junto a él, el informe menciona la presunta participación de René Galleguillos, gerente de la División Chuquicamata, y un tercer ejecutivo cuya identidad aún se mantiene bajo reserva.

Para los expertos, el problema trasciende lo administrativo. César Valencia, analista de la firma Alpari, advirtió que este incidente golpea el "sentimiento del mercado". Al ser Codelco el mayor productor mundial de cobre, cualquier duda sobre la veracidad de sus cifras introduce una variable de incertidumbre que podría elevar la prima de riesgo de sus bonos financieros y afectar los contratos de futuros del metal.

La reacción en Valparaíso ha sido de rechazo transversal. El diputado Cristian Tapia (Ind-PPD), presidente de la Comisión de Minería, cuestionó la gestión de Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, quien en meses anteriores había asegurado que la empresa operaba con "total transparencia".

Por su parte, el diputado Marco Antonio Sulantay (UDI) fue más allá, señalando que, de confirmarse el informe final, los antecedentes deben ser remitidos al Ministerio Público para investigar posibles delitos de fraude o falsificación de instrumento público. En la misma línea, el diputado Jaime Mulet (FRVS) denunció una "opacidad sistemática" en la estatal y solicitó la creación de una comisión investigadora especial.

Máximo Pacheco ha salido al paso de las críticas calificando las denuncias como "comentarios infundados". Según su versión, los altos números de diciembre respondieron a una "limpieza de inventarios" —un proceso técnico donde se procesa material acumulado en stock para cerrar el año contable— y no a una manipulación deliberada.

"Logramos estabilizar la producción tras las caídas de 2022 y 2023", afirmó Pacheco, descartando que exista una crisis de fondo.

Los ejecutivos señalados ya han agotado el plazo para presentar sus descargos y pruebas testimoniales. Se espera que en un plazo máximo de una semana, el equipo auditor emita el informe final. De ratificarse las irregularidades, Codelco no solo enfrentará el despido de altos mandos, sino una crisis reputacional que podría obligar a renegociar las metas de producción y, eventualmente, la devolución de los bonos pagados bajo premisas presuntamente falsas.