Adicionalmente, la reducción gradual del IDPC del 27% al 23% para 2029 alinea a Chile con la mediana de la OCDE. Esta medida es crítica para contrarrestar el incremento del Costo de Caja (Cash Cost C1), el cual se ha visto presionado por la profundización de las minas y la consecuente baja en las leyes de corte. Al mejorar el flujo de caja operativo (EBITDA), las compañías mineras obtienen una mayor holgura financiera para financiar proyectos de infraestructura crítica, como plantas desalinizadoras y sistemas de bombeo de agua de mar a gran altura (SIA), esenciales ante el déficit hídrico estructural del norte del país.

La introducción de contratos de invariabilidad fiscal por 25 años para grandes proyectos (CAPEX superior a USD 500 millones) actúa como un seguro contra el riesgo político. Este mecanismo garantiza que la carga impositiva total, incluyendo el nuevo Royalty Minero (Ley 21.591) y patentes, no excederá un techo del 35%. Desde una perspectiva de análisis de riesgos, esta estabilidad es fundamental para los comités de inversión internacionales que evalúan proyectos de cobre y litio con horizontes de producción que superan los 20 años.

Esta medida posiciona a Chile estratégicamente frente al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de Argentina. Aunque el país vecino ofrece plazos de hasta 30 años, la propuesta chilena se sustenta en una tasa de inflación del 2,4% y una estabilidad cambiaria que Argentina no posee. Técnicamente, Chile está reduciendo la prima por riesgo país en el cálculo del WAC (Weighted Average Cost of Capital), lo que permite que proyectos con leyes de mineral marginales vuelvan a ser económicamente viables bajo un escenario de precios del cobre sostenido por la transición energética global.

El proyecto aborda el fenómeno de la "permisología" mediante una reingeniería del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La propuesta de limitar las rondas de Adendas (consultas técnicas) busca acortar la fase de tramitación, que hoy promedia los 1.000 días, lo que representa un costo de oportunidad masivo. En la gestión de proyectos mineros, el retraso en la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desplaza la curva de ingresos sin reducir los costos fijos de mantenimiento y equipos, erosionando la rentabilidad del proyecto.

Un aspecto técnico vital es la reforma a los plazos del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Actualmente, el CMN es identificado como el principal "cuello de botella" en la etapa de movimiento de tierras (Earthworks). El establecimiento de plazos perentorios y la limitación de órdenes judiciales precautorias injustificadas buscan proteger el cronograma de construcción (Schedule). Esto asegura que los hitos de producción, como el First Copper, se alcancen dentro de los márgenes previstos, evitando sobrecostos por contratos de Take-or-Pay de energía o logística que ya han sido comprometidos por las compañías.