El escenario para los proveedores de la industria minera en Argentina acaba de dar un giro radical. El Gobierno nacional oficializó la eliminación del requisito de capital nacional para las empresas que busquen proveer a los proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De esta forma, las filiales argentinas de multinacionales extranjeras podrán competir de igual a igual con las pymes locales por los millonarios contratos que traerá la expansión minera.
El cambio, plasmado en el decreto 1366/2026 y publicado este 16 de noviembre en el Boletín Oficial, suprime la exigencia de que al menos el 51% del capital de la empresa proveedora deba estar en manos de titulares domiciliados en Argentina. No obstante, para el caso de los bienes, se mantiene el criterio de origen nacional estipulado en el acuerdo N° 18 del Mercosur.
La normativa del RIGI establece que los proyectos adheridos deben presentar un plan de desarrollo y garantizar la contratación local de al menos un 20% en bienes y obras, siempre que existan condiciones competitivas de precio y calidad. Si bien este piso del 20% se mantiene intacto, el universo de empresas que pueden disputarlo se amplía significativamente. Ahora, corporaciones de capital extranjero constituidas en el país podrán absorber este porcentaje, desplazando potencialmente a firmas de capital nacional de menor escala.
Esta flexibilización choca frontalmente con los históricos reclamos de los proveedores mineros y gremios industriales, quienes exigían mayores garantías de contratación local e incluso un aumento del cupo base. Sin embargo, desde el Ejecutivo defienden la medida argumentando que fomenta la libre competencia.
El impacto para la industria nacional es mayúsculo. Según datos de la Cámara Industrial de Proyectos de Ingeniería de Bienes de Capital (CIPIBIC), casi el 67% de las importaciones que requieren los proyectos RIGI corresponde a productos que la industria argentina está en plena capacidad de fabricar y abastecer.
Las provincias más afectadas por esta nueva regla de juego serán San Juan, Catamarca y Salta, epicentros del desarrollo del cobre, litio y oro. En estas regiones, numerosas pymes ya habían ejecutado fuertes inversiones en equipamiento, capacitación de personal y certificaciones internacionales con la esperanza de captar la demanda del RIGI.
Ahora, estas empresas medianas y pequeñas deberán medirse con actores de escala global para proveer a los 13 proyectos mineros ya aprobados bajo el régimen —que hasta octubre representaban inversiones por casi US$27.700 millones—, entre los que destacan Vicuña Fase 1, Agua Rica y Rincón, además de otras iniciativas en marcha como Potasio Río Colorado, Hombre Muerto Oeste Fase 1 y el reinicio de Alumbrera.
Juan Pablo Cagnola, responsable del área minera de Scania, resumió el desafío del sector: “Muchos proyectos mineros entrarán en construcción y operación en el mediano plazo, y a eso se suma el auge de Vaca Muerta, lo que genera mucha demanda. Sin embargo, las mineras tienen altas exigencias, por lo que los proveedores locales deben saber adaptarse a sus estándares”.
La presión por la participación local ya había escalado a mediados de año tras la adjudicación de la construcción del campamento de Vicuña Corp a un consorcio liderado por la china PowerChina. En respuesta, durante el debate legislativo se incorporaron multas por incumplimiento del 20% en el "Súper RIGI" (inversiones sobre US$1.000 millones) y se aprobó el RIIR para proyectos medianos con exigencias similares.
No obstante, las provincias han implementado escudos más robustos. San Juan obliga a un 60% de compras locales y un 80% de mano de obra residente; Salta exige un 70% y 80% respectivamente, mientras que Jujuy requiere que las empresas tengan su domicilio principal en la provincia, marcando un claro contraste con la reciente flexibilización nacional.
Más allá del esquema de proveedores, el decreto 1366/2026 introdujo otras flexibilizaciones para los inversores. La norma establece una fecha límite única para la inversión mínima en Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), otorgando mayor previsibilidad a las auditorías en iniciativas de cobre y litio.
Asimismo, el Gobierno liberó las trabas corporativas, permitiendo fusiones, cambios de socios y conversiones societarias sin que los proyectos pierdan los beneficios tributarios y aduaneros del RIGI. En materia cambiaria, se facilitó el acceso al mercado de divisas, permitiendo contabilizar los aportes y créditos externos provenientes de casas matrices o accionistas, siempre que se compruebe su destino exclusivo al proyecto.

