La principal empresa del Estado chileno enfrenta una de sus tormentas institucionales más severas de los últimos años. Lo que comenzó como la investigación de un trágico accidente laboral en la División El Teniente durante 2023, ha escalado hasta convertirse en un escándalo de falta de probidad que ya le costó el puesto a tres de los máximos referentes operativos de Codelco.

A pesar de la gravedad de los hallazgos —que incluyen el ocultamiento deliberado de datos a las autoridades—, el Palacio de La Moneda ha decidido otorgar un respaldo político total a Máximo Pacheco, presidente del directorio, cuya gestión estaba bajo fuego cruzado por parte del Congreso.

La auditoría interna, concluida este 2025, arrojó resultados que el propio Gobierno calificó de "preocupantes". El documento detalla que existieron “inconsistencias y ocultamientos” en la forma en que se reportaron los antecedentes técnicos del siniestro que terminó con víctimas fatales.

Mientras la oposición y sectores del oficialismo apuntaban a la "responsabilidad política" de Pacheco, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, asumió una vocería defensiva este fin de semana. El mensaje del Ejecutivo es claro: Pacheco no es parte del problema, sino la solución.

"Él ha liderado todo el trabajo para el total esclarecimiento de los hechos. Eso es lo que se requiere: que se conozca la verdad y se determinen las causas del accidente", afirmó Elizalde.

Desde el centro político, el análisis sugiere que remover a Pacheco en este momento descabezaría estratégicamente a la empresa en un año clave para la inversión. No obstante, el ministro subrayó que el informe conocido es una muestra del "compromiso con las familias de los fallecidos", enviando una señal de empatía hacia los trabajadores.

El caso abre un debate profundo sobre el Gobierno Corporativo de Codelco. ¿Cómo es posible que información crítica fuera ocultada durante casi dos años sin que los sistemas de control interno lo detectaran antes?

Para los analistas, este episodio obliga a una revisión de la cultura organizacional de la estatal. El respaldo del Gobierno compra tiempo, pero la presión parlamentaria por una comisión investigadora sigue vigente. El objetivo ahora es doble: recuperar la confianza de las autoridades fiscalizadoras y garant