El estudio, titulado "¿Trato directo con SQM o licitación internacional?", analiza críticamente el acuerdo entre Codelco y SQM firmado en 2024 para explotar conjuntamente el litio del Salar de Atacama hasta el año 2060. Las conclusiones del análisis económico son contundentes: la decisión de negociar directamente con SQM y no realizar una licitación internacional habría significado para el Estado de Chile una pérdida patrimonial equivalente a USD 5.200 millones en valor presente, una cifra que representa aproximadamente 1,6 puntos del PIB nacional.

El informe parte de la base de que el Estado, a través de Corfo, tenía todas las condiciones legales y contractuales para realizar una licitación abierta y competitiva que permitiera maximizar los beneficios económicos por la explotación del litio en el Salar. Esto fue posible gracias a las modificaciones introducidas en el contrato de arriendo en 2018, que aseguraron la disponibilidad de información técnica clave y la opción de compra sobre la infraestructura de SQM, con el objetivo explícito de garantizar igualdad de condiciones a futuros competidores.

No obstante, en mayo de 2023, Corfo optó por entregar a Codelco —y a su filial Tarar— la titularidad de un nuevo contrato de arriendo por 30 años a partir de 2031, para que esta buscara un socio privado en un joint venture. El resultado fue una negociación directa con SQM que culminó con la firma de un memorándum de entendimiento en diciembre de 2023 y un contrato definitivo en mayo de 2024, todo en un proceso de apenas siete meses.

Según el informe, si bien el Estado —a través de Corfo, el Fisco y Codelco— obtendría ingresos por USD 48.900 millones en valor presente, SQM ganaría USD 8.620 millones netos con el acuerdo. Luego de descontar los costos de oportunidad y obligaciones contractuales, la transferencia de valor real a favor de SQM alcanza los USD 5.200 millones, monto que, según los autores, representa el precio de no haber licitado la posición en el joint venture.

El estudio enfatiza que este resultado se obtiene incluso usando las propias proyecciones de rentabilidad del acuerdo entregadas por Codelco, lo que refuerza su validez metodológica.

Uno de los principales argumentos esgrimidos por las autoridades de Codelco y Corfo para justificar el trato directo fue la necesidad de evitar un supuesto “valle productivo”, es decir, una interrupción de la producción al término del contrato actual de SQM en 2030, que habría impactado negativamente las finanzas públicas.

Sin embargo, el informe de Quiroz y Asociados desacredita esta tesis al calificarla de “exagerada” y “técnicamente evitable”. Asegura que la eventualidad de un valle era conocida y abordable con tiempo, sobre todo considerando que se disponía de siete años para preparar una licitación adecuada y una transición ordenada con un nuevo operador.

El informe compara el valor entregado a SQM con el precio pagado recientemente por la empresa Río Tinto al adquirir Arcadium Lithium, en una transacción valorada en USD 6.700 millones por 4,69 millones de toneladas de LCE, lo que equivale a USD 1.430 por tonelada. En el caso chileno, el valor societario de SQM en el joint venture habría sido de solo USD 1.240 por tonelada, lo que demuestra, según el análisis, que el acuerdo con SQM se cerró a un precio subóptimo para el Estado.