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Multan por US$ 87.000 a contratistas y US$ 20.000 a Codelco tras derrumbe mortal en el Teniente.

A raíz del fatal accidente ocurrido en julio del año pasado en la mina El Teniente, la Dirección del Trabajo de Chile ha aplicado una serie de multas tanto a la estatal Codelco como a tres de sus empresas colaboradoras. Los informes, obtenidos recientemente por Reuters, revelan fallas en los protocolos de emergencia y en la comunicación de los accidentes que costaron la vida a seis trabajadores.

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El informe del regulador laboral es quirúrgico al señalar responsables. Aunque el monto total de las multas asciende a USD 107.000, la distribución de estas revela una realidad incómoda en la minería chilena: el eslabón más débil, el subcontrato, es el que asume la mayor carga punitiva, pero también el que comete las faltas más directas.

La empresa Zublín (filial del gigante austriaco Strabag) protagoniza uno de los hallazgos más graves. Según el acta, la firma confirmó el deceso de uno de sus trabajadores apenas dos horas después del estallido. Sin embargo, el reporte oficial a las autoridades no llegó hasta la noche del día siguiente. Este silencio de casi 24 horas impidió una acción inmediata de los peritos y ha sido calificado como una falta gravísima a la transparencia laboral.

En los sectores de Andesita y Recursos Norte, las constructoras SalfaCorp y Gardilcic fallaron en lo básico: la evaluación del entorno.

Los inspectores determinaron que SalfaCorp no consideró la sismicidad como un peligro latente en su planificación.

Gardilcic, por su parte, fue sorprendida asignando a trabajadores a labores para las que no tenían competencias certificadas, aumentando el riesgo humano en una zona ya inestable.

La sanción a Codelco, aunque menor en términos monetarios (USD 20.000), es la más dañina en términos reputacionales. El regulador fue enfático: la minera estatal, el "sueldo de Chile", no tenía un protocolo escrito que dictara cómo proceder cuando las alarmas sísmicas se activan.

Más escandaloso aún es el registro que indica que, tras el derrumbe, mientras la mina estaba bajo orden de suspensión total, hubo intentos de ingresar trabajadores a los túneles. Esta acción, que pone la producción por encima de la vida, es lo que finalmente dinamitó la permanencia de la plana mayor de la división.

Las multas fueron solo el inicio del fin para varios ejecutivos. La presión de las investigaciones —que incluyeron auditorías externas y un panel liderado por expertos de Anglo American— forzó una purga sin precedentes:

-Andrés Music, el rostro de El Teniente, fue removido de su cargo.

-Tres altos mandos fueron despedidos tras detectarse que hubo ocultamiento de información crítica y "maquillaje" de datos de seguridad en accidentes previos.

Desde 2011, duermen en el Congreso propuestas para elevar estas sanciones, pero la tragedia de El Teniente demuestra que, mientras el costo de la multa sea inferior al costo de detener la máquina, la seguridad seguirá siendo un documento en una oficina y no una realidad en el socavón.

Al día de hoy, el conflicto sigue vivo en los tribunales. Codelco ha apelado, buscando limpiar su nombre y evitar el precedente judicial. Mientras tanto, en las profundidades de Rancagua, el silencio impera en las zonas clausuradas. La reactivación es lenta, vigilada y cargada de una incertidumbre que el cobre, por más valioso que sea, no logra pagar.

Se estima que la detención de faenas en El Teniente tras este accidente redujo la producción nacional en un 2% durante el periodo de crisis, afectando directamente las proyecciones de ingresos del fisco para este año.

Martes, 14 De Abril De 2026, 10:44

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