Este martes, los principales ejecutivos de la estatal acudieron a la Comisión de Minería y Energía del Senado para detallar los avances del denominado Plan de Retorno Seguro y Gradual, que ha permitido reiniciar operaciones en sectores no afectados. Según explicó el vicepresidente de Operaciones, Mauricio Barraza, se han realizado chequeos de seguridad, revisiones técnicas de refugios y vías de evacuación, y validaciones de Sernageomin y la Dirección del Trabajo.

No obstante, los sectores Andesita y Recursos Norte –donde ocurrió el accidente– permanecen cerrados hasta que concluyan las investigaciones.

En la misma sesión, Pacheco reiteró que “ningún objetivo productivo estará jamás por sobre la seguridad”, insistiendo en que la reanudación de faenas es “rigurosa y bajo estrictos criterios de seguridad”.

Las palabras no convencieron a los parlamentarios. El diputado Andrés Celis (RN) exigió la renuncia inmediata de Pacheco, responsabilizándolo directamente por la tragedia. Desde la oposición y el oficialismo coincidieron en que la salida del gerente general fue “insuficiente” y que la responsabilidad debe llegar hasta la cabeza del directorio.

“Esto no se soluciona con cambios menores. Pacheco debe dar un paso al costado”, sostuvo el diputado Cristián Tapia (ind-PPD), sumándose a las voces que piden también la salida de Barraza.

Los sindicatos y federaciones de trabajadores fueron más duros aún: acusaron a la administración de presionar por acelerar la puesta en marcha del proyecto Andesita, a costa de la seguridad. “Se privilegió la producción sobre la vida. No aceptaremos que esto quede en manos de auditorías internacionales mientras las familias lloran a sus muertos”, señalaron dirigentes en la sesión.

A las críticas parlamentarias se suman los familiares de los seis trabajadores fallecidos, quienes han encabezado manifestaciones en Rancagua y Santiago. Con pancartas que rezaban “La vida de los trabajadores vale más que una libra de cobre”, exigieron la salida de Pacheco y medidas concretas para que hechos como este no se repitan.

“Nosotros no queremos discursos, queremos justicia y responsables. Pacheco no ha mostrado liderazgo ni humanidad en este proceso”, expresó la hermana de uno de los contratistas fallecidos.

La paralización de sectores clave de El Teniente ya genera un fuerte efecto económico. El vicepresidente de Administración y Finanzas, Rubén Alvarado, estimó pérdidas por 340 millones de dólares, derivadas de una menor producción de 33.000 toneladas de cobre fino en 2025, además de la caída en ventas y el gasto fijo asociado a la detención de la concentradora.

Analistas advierten que este golpe compromete las metas de producción de la cuprífera y tensiona aún más el ambiente en la estatal, que atraviesa un período de fuertes inversiones en proyectos estructurales.

A pesar de sus declaraciones en el Senado y del respaldo inicial del gobierno, el liderazgo de Máximo Pacheco se encuentra seriamente debilitado. La falta de claridad en las versiones sobre la causa del derrumbe –con contradicciones entre ejecutivos de la empresa y el propio presidente del directorio– ha profundizado la percepción de falta de gestión.

Con la investigación judicial en curso y la presión política en aumento, el futuro de Pacheco en Codelco se vuelve cada día más incierto.