La operación militar, llevada a cabo por la Cuarta División del Ejército “Amazonas”, tenía como objetivo intervenir campamentos de minería ilegal. Sin embargo, la fuerza fue atacada con fusiles de largo alcance, granadas y explosivos, en un hecho que ha sacudido no solo a las Fuerzas Armadas, sino también al país entero. La gravedad del incidente no reside únicamente en la pérdida de vidas humanas, sino en lo que revela sobre la penetración del crimen organizado en las instituciones estatales y el avance de economías ilícitas como la minería ilegal.

Según especialistas, el oro ha reemplazado a otras actividades ilícitas como eje financiero del crimen organizado en varias zonas del continente. Michelle Maffei, experta en prevención del crimen organizado, advierte que el oro se ha convertido en un medio altamente eficiente para el lavado de activos: “Una vez que se funde y se convierte en lingote o joyería, no se puede rastrear su origen. Es un negocio limpio en apariencia, pero profundamente sucio”. La facilidad para integrarlo al mercado legal y su alto valor lo hacen especialmente atractivo para organizaciones criminales.

En la región amazónica, esta actividad no solo genera ingresos ilegales, sino que destruye el medio ambiente, desplaza comunidades y propicia la explotación laboral y sexual. Katherine Herrera, consultora en seguridad pública, enfatiza que la minería ilegal es una amenaza multidimensional: “Daña la gobernanza, alimenta economías criminales locales y transnacionales, y destruye el tejido social”.

Los Comandos de la Frontera no son una banda improvisada. Se trata de una estructura armada con entrenamiento militar, experiencia en selva, alianzas transnacionales y fuerte poder económico. “Conocen muy bien la selva, tienen acceso a armas sofisticadas, y contratan a otras estructuras criminales para operar”, afirma Herrera. Su expansión en la Amazonía ecuatoriana ha estado acompañada de una estrategia de cooptación de territorios mediante violencia, extorsión y sobornos.

Ambas expertas coinciden en que el Estado se enfrenta a un enemigo que opera como un ejército irregular: bien financiado, mejor informado y cada vez más infiltrado en las instituciones oficiales.

Una de las revelaciones más preocupantes tras la emboscada fue la posibilidad de que la operación militar haya sido delatada desde dentro del Ejército. El propio comandante general, Henry Delgado, reconoció públicamente que existe la hipótesis de una filtración interna: “El poder económico que tienen los grupos criminales podría haber doblegado el espíritu de un soldado”.

Para Maffei, este caso es reflejo de un problema estructural. “Uno de cada diez miembros de la Policía Nacional trabaja con el crimen organizado. Y ahora, con la militarización extendida por el conflicto interno, es probable que esa estadística se replique en las Fuerzas Armadas”, señala. La experta sostiene que la emboscada no es un hecho aislado, sino el síntoma de un sistema de seguridad cooptado, donde la protección a informantes o colaboradores dentro de las instituciones hace extremadamente difícil identificar a los responsables.