Este domingo, autoridades peruanas hallaron sin vida a los 13 trabajadores mineros que habían sido reportados como secuestrados en la localidad de Pataz, en la región de La Libertad. Los cuerpos fueron encontrados en el interior de un socavón, con signos evidentes de violencia: estaban maniatados, vendados, sin ropa y con heridas de bala, en lo que se presume fue una ejecución sistemática.

Los mineros prestaban servicios a un productor artesanal que opera bajo un contrato de explotación con Compañía Minera Poderosa, una de las principales productoras de oro del país. Según información proporcionada por la empresa, el ataque fue perpetrado por delincuentes armados que habrían tomado control violento de la operación artesanal previa al secuestro.

La empresa subcontratista afectada, R&R Consultores, ha colaborado con las investigaciones. El hallazgo de los cuerpos coincide con la difusión de un video en redes sociales, presuntamente grabado por los secuestradores, donde se muestra a las víctimas siendo ejecutadas a quemarropa.

Compañía Minera Poderosa denunció que este ataque no es un hecho aislado, sino parte de un conflicto estructural que se arrastra desde 2020. Desde entonces, múltiples frentes de minería ilegal han invadido concesiones formales de la empresa, forzando la paralización de operaciones y exponiendo a trabajadores formales y a mineros artesanales en proceso de formalización a situaciones de alto riesgo.

En un comunicado oficial, la compañía expresó su preocupación por el aumento de la violencia criminal en la zona y criticó que los recientes operativos de seguridad no incluyeran acciones contra las bocaminas ilegales situadas en áreas clave de conflicto. Según Poderosa, esta omisión ha permitido que las organizaciones criminales mantengan control operativo en varias zonas de alto valor aurífero.

El problema de la minería ilegal en Perú tiene una dimensión nacional. De acuerdo con el fiscal Federico Chávarry, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno, esta actividad ilícita mueve anualmente cerca de US$12.000 millones. Se estima que más de 300.000 personas trabajan en la minería ilegal, principalmente en regiones como Madre de Dios, La Libertad, Puno, Cusco y Áncash.

Este trágico episodio vuelve a poner en evidencia la necesidad urgente de una respuesta estatal integral frente al avance del crimen organizado vinculado a la minería ilegal, que no solo amenaza al medio ambiente y la economía formal, sino también a la vida de miles de trabajadores.