Esto se debe a que la minería ilegal genera graves problemas ambientales, sociales y económicos, incluyendo la explotación de recursos naturales sin regulación, el daño a la salud de la población y la pérdida de recursos para el Estado. La formalización de vital importancia no será suficiente para combatir y erradicar el problema de la minería ilegal, ya que esta puede operar incluso en áreas formalizadas, como es el caso de Pataz, violando las leyes y regulaciones.

Es lamentable la masacre de los trece trabajadores de seguridad que fueron secuestrados, torturados y ejecutados de la forma más inhumana, por estos grupos delictivos organizados que buscan no solamente apropiarse de esta forma del “oro ilegal”, además pretenden sembrar el terror en la zona.

Podría plantearse como mecanismo de detección de estas actividades ilícitas, la implementación de sistemas de detección temprana, haciendo uso de tecnología de vigilancia, información de inteligencia y el trabajo conjunto con la comunidad.

Si bien es cierto la ley debe establecer mecanismos efectivos para la interdicción y sanción de la minería ilegal, en nuestra realidad debe ir mas allá de solamente prever sanciones contra los responsables.

En conclusión, la nueva Ley MAPE debe ser integral y abordar tanto la formalización como la erradicación de la minería ilegal en todas sus formas, con mecanismos efectivos para la interdicción, la sanción, la recuperación y la prevención. La minería ilegal no solo debe ser reprimida con sanciones o penas, sino que también debe prevenirse con acciones jurídicas concretas, con el objetivo de salvaguardar y garantizar la tranquilidad de las comunidades donde se realizan las actividades de minería, orientado a su desarrollo.

ALEXANDER RAMES RODAS

Investigador Académico y Consultor en Legislación Minera