Este nuevo esquema, oficializado mediante un decreto provincial, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de extenderlo por un año adicional. El objetivo es claro: incentivar el desarrollo de proyectos mineros genuinos, desestimular la especulación sobre concesiones no desarrolladas, y responder con agilidad a las nuevas condiciones del mercado internacional, particularmente en el caso del litio, cuyo precio ha sufrido una fuerte caída en los últimos meses.

El litio ha sido una de las promesas más relevantes de la última década en América Latina, y Argentina, junto con Chile y Bolivia, conforma el “Triángulo del Litio”, una de las zonas con mayores reservas globales. Sin embargo, el desplome de los precios a raíz de una sobreoferta y una desaceleración en la demanda de baterías eléctricas ha enfriado el entusiasmo de inversores y paralizado proyectos que, hasta hace poco, estaban en plena expansión.

Frente a ese escenario, Salta ha decidido actuar. Las autoridades locales explicaron que la medida fue elaborada en diálogo con actores clave de la industria minera —incluidas cámaras empresariales, empresas productoras y exploradoras— con la intención de establecer reglas claras y reducir las barreras económicas que enfrentan los nuevos proyectos.

El decreto contempla rebajas en una amplia gama de trámites, entre ellos:

-Permisos de cateo y manifestaciones de descubrimiento: fijados en 51.500 unidades tributarias (UT).

-Registros e inscripciones mineras, así como certificados expedidos por la Secretaría de Minería y Energía: establecidos en 90 UT.

Aunque el valor de la UT puede variar según actualizaciones fiscales, la reducción representa un alivio sustancial frente a los niveles anteriores, que eran considerados poco competitivos frente a otras regiones mineras, tanto en Argentina como en países vecinos.

Salta ha sido durante años una provincia con alto potencial geológico, particularmente en litio, boratos, cobre y oro. No obstante, muchas concesiones otorgadas nunca llegaron a desarrollarse. Según el gobierno provincial, el nuevo régimen también busca combatir esa inercia, promoviendo que solo ingresen proyectos con viabilidad técnica, económica y ambiental.

Además de la reducción de tasas, la provincia apuesta por mejorar la eficiencia administrativa, acortar los tiempos de tramitación y acompañar a los proyectos en sus fases iniciales, algo que —afirman— ha sido demandado por la industria desde hace tiempo.

En medio de un mercado volátil, la apuesta de Salta por incentivar las inversiones mediante políticas fiscales activas podría marcar una diferencia en la carrera por atraer capitales internacionales al norte argentino.