Un nuevo hito legislativo vuelve a poner en el centro del debate el modelo administrativo de la mayor empresa estatal del país. Un bloque integrado por ocho parlamentarios oficialistas ingresó formalmente el proyecto de ley bajo el Boletín N° 18.653-08 ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La propuesta legal busca modificar el Decreto Ley N° 1.350 con el objetivo de suprimir de manera definitiva los cupos de representación de los trabajadores dentro de la cúpula corporativa de la firma pública. Esta medida alteraría directamente la gobernanza de la mesa directiva de la cuprífera.

El proyecto sustenta su postura en el complejo escenario financiero que atraviesa la corporación tras registrar un incremento de deuda de US$ 972 millones durante el ejercicio 2025. A ello se suma la ejecución de un exigente plan de inversiones estructurales para sostener la producción futura.

Bajo este argumento legal, los impulsores de la iniciativa sostienen que la mesa directiva requiere integrantes con una lealtad volcada exclusivamente hacia la empresa y el Estado. En esa línea, plantean que las demandas laborales deben encauzarse estrictamente mediante los mecanismos de negociación colectiva.

La tramitación de esta enmienda detonó una respuesta inmediata por parte de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC). La multisindical declaró el estado de alerta nacional a lo largo de todas las operaciones y divisiones mineras de la compañía.

La organización sindical catalogó la propuesta como una maniobra orientada a neutralizar la fiscalización interna que ejercen los operarios en la alta dirección. Asimismo, advirtió sobre el riesgo de una privatización encubierta que facilite la enajenación de activos estratégicos del Estado.

Desde el diagnóstico laboral, la remoción de sus asientos directivos busca silenciar el control técnico sobre el alza en los costos operacionales de contratistas externos. Para el gremio, vigilar estos contratos es clave para resguardar la infraestructura y recuperar la competitividad.

Para respaldar su posición, la FTC presentó datos operativos sobre la estructura de gastos de la corporación. La organización expuso que los servicios prestados por empresas de terceros representan un 42% de los costos totales de operación de la minera estatal.

Según la multisindical, el gasto asociado a la externalización de servicios registró un alza del 75% entre los años 2020 y 2024. En ese mismo período, la producción anual de la compañía sufrió una caída cercana a las 300 mil toneladas de cobre.

Frente a esta situación, la FTC reafirmó el impulso a su denominada "Propuesta Nacional". Este plan busca la internalización de labores operativas directas y de mantenimiento crítico en minas y plantas para reducir costos y contener la externalización.

Finalmente, la dirigencia sindical hizo un llamado a los integrantes del Congreso a rechazar el Boletín N° 18.653-08. Anunciaron que recurrirán a herramientas legales, políticas y movilizaciones para defender su participación directiva y asegurar que la empresa siga siendo 100% estatal.