Durante una sesión en la Cámara de Diputados, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, admitió que LPI carecía de los activos físicos necesarios para desarrollar su proyecto de litio en Chile. Además, se informó que las pertenencias mineras de LPI no otorgaban los derechos legales para la explotación del litio, lo que pone en entredicho el valor real de la empresa adquirida (US$ 236 millones). Esto ha despertado cuestionamientos sobre el proceso de due diligence realizado antes de la compra, así como la valoración utilizada para justificar el precio pagado.

Uno de los principales activos de LPI en Chile, conocido como "Proyecto Blanco", actualmente se encuentra con su permiso ambiental impugnado en tribunales y a la espera de un fallo del Tribunal Ambiental. Esto suma una capa adicional de incertidumbre a la compra realizada por Codelco, considerando que el proyecto aún no cuenta con la autorización definitiva para operar. Expertos del sector han señalado que esta situación podría traducirse en demoras significativas o incluso en la imposibilidad de desarrollar la iniciativa si el fallo del tribunal resulta desfavorable.

Pacheco defendió la transacción argumentando que es común pagar un "premio" al comprar el 100% de una compañía, es cierto que un precio equivalente al doble del valor bursátil de la acción es algo inusual. Eventualmente se pagan primas a los accionistas, pero nunca se paga el doble sin contar con derechos mineros claros, activos físicos ni permisos ambientales definitivos. Las declaraciones del presidente del directorio no han logrado disipar las preocupaciones de diversos sectores que consideran que la estatal pudo haber negociado en términos más favorables para el país.

El caso ha despertado críticas desde diversos sectores políticos y empresariales, que cuestionan la racionalidad económica de la compra y exigen mayor transparencia en las decisiones estratégicas de la estatal chilena. Legisladores de la oposición han solicitado que se realice una auditoría para determinar las responsabilidades en esta operación y evaluar si se cumplieron todos los protocolos adecuados antes de concretar la adquisición.

Por otro lado, analistas financieros han advertido que esta operación podría tener un impacto negativo en la valoración de Codelco, especialmente si los inversionistas perciben que la empresa está realizando adquisiciones poco justificadas o que no generan valor agregado. En un contexto de creciente demanda por litio a nivel global, las compañías mineras están buscando asegurar reservas estratégicas, pero la forma en que Codelco ha procedido en esta compra ha generado más dudas que certezas.

A la espera de nuevas declaraciones y posibles investigaciones, el futuro del "Proyecto Blanco" y la rentabilidad de la operación siguen siendo inciertos. La presión sobre Codelco para justificar su estrategia y demostrar que la inversión traerá beneficios concretos a la estatal y al país no hará más que aumentar en los próximos meses.