El presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que la reactivación dependerá de que existan beneficios reales y tangibles para la población. Un equipo interministerial, liderado por el ministro de Comercio, Julio Moltó, será el encargado de llevar a cabo estas delicadas negociaciones.
Las condiciones establecidas por el Ejecutivo incluyen mantener la propiedad panameña sobre los recursos, maximizar el beneficio económico y proteger estrictamente el medio ambiente. Además, se exigirá el respeto total a la soberanía nacional y el retiro de todos los arbitrajes internacionales contra el país.
Mulino aclaró que este nuevo pacto no funcionará como una concesión tradicional, sino como un nuevo marco legal con supervisión independiente. También exigirá un plan de cierre definitivo de la mina, financiado íntegramente por la empresa y sin posibilidad de prórrogas.
La noticia fue muy bien recibida por los mercados, impulsando las acciones de First Quantum un 8,2% en la bolsa de Toronto. Este repunte elevó la valoración de la compañía a unos 18.200 millones de dólares.
Cobre Panamá es vital para la economía nacional y global, ya que llegó a producir el 1,5% del cobre mundial. Su reapertura podría generar unos 6.000 empleos directos, 30.000 indirectos y dar negocio a cerca de 2.000 proveedores locales.
Para asegurar mayores ganancias para el Estado, el gobierno evalúa distintas opciones, como la creación de una empresa estatal conjunta. Según analistas de JPMorgan, Panamá buscará quedarse con cerca del 50% de los beneficios del proyecto, ya sea mediante impuestos o participación directa.
La mina se vio obligada a cerrar el año pasado tras masivas protestas por preocupaciones ecológicas y un fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema. Como un primer paso para recuperar la confianza, una reciente auditoría gubernamental confirmó que la instalación cumple en un 88% con las normativas operativas y ambientales.
Por su parte, First Quantum ha mostrado total disposición a colaborar de manera constructiva y transparente con el gobierno panameño. Cualquier acuerdo final requerirá la aprobación ciudadana a través de una consulta pública obligatoria.

