Este caso se convierte en el primero en recibir luz verde bajo un nuevo procedimiento de emergencia adoptado por el Departamento del Interior, en respuesta a la declaración de emergencia energética nacional emitida por Trump el mismo día que asumió su segundo mandato en enero. La medida busca acelerar la autorización de proyectos energéticos y mineros en terrenos federales, con el fin de reforzar el suministro energético nacional, reducir los costos de los combustibles y fortalecer la seguridad nacional.

El proceso de revisión ambiental para este tipo de proyectos suele tomar varios años, especialmente cuando se trata de minería de uranio, debido a los riesgos que implica para la salud humana y el medioambiente. La aprobación en tiempo récord ha encendido alertas entre ambientalistas y comunidades locales.

“Esta aprobación marca un punto de inflexión en cómo aseguramos el futuro minero de Estados Unidos”, afirmó el secretario del Interior, Doug Burgum. “Al agilizar el proceso de revisión de proyectos mineros críticos como Velvet-Wood, reducimos la dependencia de adversarios extranjeros y garantizamos que nuestros sectores militar, médico y energético cuenten con los recursos necesarios para prosperar. Esto es seguridad minera en acción”.

La mina Velvet-Wood está ubicada en el condado de San Juan, al sureste de Utah. El yacimiento producirá uranio, clave para la generación de energía nuclear y la industria armamentista, además de vanadio, un metal utilizado en baterías de almacenamiento y en la producción de aleaciones metálicas de alta resistencia.

Anfield Energy presentó su plan de operaciones el 1 de abril y, según documentos del Departamento del Interior, obtuvo la aprobación oficial el 15 de abril. La rapidez del proceso fue posible gracias al nuevo marco regulatorio derivado de la emergencia energética nacional, que permite acortar o incluso omitir ciertos pasos de consulta pública y evaluación técnica.

El gobierno de Trump ha justificado estas medidas como necesarias para reducir la dependencia de minerales estratégicos provenientes de países como China o Rusia, y garantizar el abastecimiento nacional ante posibles interrupciones geopolíticas.

La aprobación ha sido celebrada por sectores industriales y defensores de la soberanía energética, pero también ha generado fuertes críticas. Diversas organizaciones medioambientales y grupos indígenas han cuestionado el procedimiento acelerado, señalando la falta de garantías de que se hayan evaluado adecuadamente los posibles impactos ambientales y sociales.

“No se puede tomar una decisión de esta magnitud en solo dos semanas sin poner en riesgo los ecosistemas locales y la salud de las comunidades cercanas. Se ha pasado por alto la participación ciudadana y la consulta indígena”, advirtió Nancy Roberts, directora del Instituto para la Política Ambiental.

Además, expertos advierten que este precedente podría aplicarse a otros proyectos extractivos en el futuro, como los de litio, tierras raras y cobre, esenciales para la transición energética, pero que también conllevan riesgos ambientales considerables.

Anfield Energy planea comenzar los trabajos preliminares en el sitio durante el tercer trimestre de 2025. Asimismo, la empresa espera procesar el uranio extraído en su planta cercana de Shootaring Canyon, también ubicada en Utah.

El caso Velvet-Wood marca un antes y un después en la forma en que Estados Unidos administra sus recursos minerales estratégicos, abriendo un nuevo capítulo en la relación entre energía, política y medioambiente.