La iniciativa fue liderada por su filial TMC USA, que ingresó los documentos conforme a la Ley de Recursos Minerales Duros de los Fondos Marinos Profundos (DSHMRA, por sus siglas en inglés) y la normativa de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Esta es la primera vez que una empresa extranjera busca explotar comercialmente los fondos marinos bajo este marco legal estadounidense.

Las áreas de exploración solicitadas cubren un total de 199.895 kilómetros cuadrados, mientras que la zona solicitada para recuperación comercial alcanza los 25.160 kilómetros cuadrados en la Zona Clarion-Clipperton del Océano Pacífico, entre Hawái y México, una región reconocida por su riqueza en nódulos polimetálicos. Según TMC, estos recursos contienen más de 1.600 millones de toneladas métricas húmedas de nódulos, con estimaciones que incluyen 15,5 millones de toneladas de níquel, 12,8 millones de toneladas de cobre, 2 millones de toneladas de cobalto y 345 millones de toneladas de manganeso, todos ellos considerados metales estratégicos para tecnologías limpias, baterías y defensa.

El anuncio llega pocos días después de una orden ejecutiva del expresidente Donald Trump, que insta a acelerar la minería en alta mar para reforzar la seguridad nacional mediante el acceso independiente a minerales críticos. “Esto marca un gran avance, no solo para TMC USA, sino también para la independencia minera y el resurgimiento industrial de Estados Unidos”, declaró Gerard Barron, CEO de la empresa. “Ofrecemos una vía rápida y eficaz hacia nuevos y abundantes suministros de metales críticos”.

No obstante, el movimiento ha generado críticas inmediatas por parte de organizaciones ambientalistas, que advierten sobre los riesgos para la biodiversidad marina. Los opositores argumentan que los impactos ecológicos de la minería submarina siguen siendo poco comprendidos y que se requiere más investigación científica antes de autorizar actividades comerciales a gran escala.

TMC ha intentado abordar estas preocupaciones comprometiéndose a dejar sin explotar al menos el 30% de sus áreas concesionadas y utilizando un sistema de recolección que, según afirman, solo perturba los tres centímetros superiores del lecho marino.

La estrategia de TMC también plantea interrogantes en el plano internacional. Si bien opera desde hace años en la Zona Clarion-Clipperton bajo contratos de exploración con la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), organismo afiliado a Naciones Unidas, su decisión de acogerse al marco legal estadounidense podría interpretarse como un intento de sortear el consenso multilateral. Cabe destacar que EE.UU. no ha ratificado la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, lo que complica aún más la legitimidad internacional de esta vía legal.

Expertos advierten que este precedente podría erosionar años de negociaciones globales para establecer un régimen regulador común sobre la minería de los fondos marinos, abriendo la puerta a iniciativas unilaterales por parte de otros países o corporaciones.