La viabilidad comercial de las tierras raras en la Argentina no depende hoy de la falta de recursos geológicos, sino de la estructuración de un marco jurídico que mitigue el elevado riesgo de capital de esta industria. Ante un mercado global atomizado en su fase extractiva y fuertemente centralizado por China —que controla el 70% de la extracción y el 91% de la refinación—, el Gobierno nacional avanza en un proyecto legislativo clave: incorporar formalmente la explotación de óxidos de tierras raras (REO) dentro de los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

La urgencia por tipificar estos minerales en el RIGI responde a la necesidad de atraer inversiones de escala global en fases upstream y midstream (refinación). Tras 70 años de parálisis exploratoria en áreas críticas de Salta, San Luis y Río Negro, el Ejecutivo busca transformar el potencial estimado por el SEGEMAR de 3,3 millones de toneladas en activos económicamente explotables a través de un agresivo esquema de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios.

Los analistas financieros de la industria minera coinciden en que la extracción y separación hidrometalúrgica de tierras raras exige un costo de capital (CAPEX) sustancialmente mayor al de los metales base. El RIGI actúa directamente sobre la ecuación de retorno de inversión (TIR) mediante tres mecanismos fundamentales:

El RIGI reduce la alícuota del Impuesto a las Ganancias y permite la amortización acelerada de los bienes de capital e infraestructura. Esto acorta drásticamente el período de recuperación del capital invertido en el desarrollo de plantas de proceso complejo (conminución, flotación y extracción por solventes).

Argentina carece de la infraestructura tecnológica necesaria para la separación selectiva de lantánidos, los proyectos demandarán la importación masiva de plantas piloto y reactivos específicos. El RIGI otorga exención total de derechos de importación para bienes de capital, repuestos e insumos componentes del proyecto.

La volatilidad cambiaria histórica ha sido el principal desincentivo para los inversores internacionales. El marco del RIGI garantiza la libre disponibilidad de las divisas generadas por las exportaciones y el acceso irrestricto al mercado de cambios, un factor crítico para el repago de deudas financieras internacionales y la remisión de utilidades a las casas matrices.

El apuro legislativo para blindar estos proyectos mediante el RIGI se aceleró tras el acuerdo marco de cooperación estratégica sellado en febrero entre la Argentina y los Estados Unidos. Washington busca activar cadenas de suministro seguras y diversificadas, pero los fondos de inversión internacionales exigen que el tratado bilateral esté respaldado por leyes locales de incentivo concreto.

La presentación del proyecto en mayo para expandir el alcance del RIGI busca, en última instancia, dar el marco de previsibilidad que convierta a los yacimientos de la Patagonia y el norte en proyectos financiera y técnicamente factibles antes de que se cierre la actual ventana de oportunidad del mercado internacional.