El desarrollo de la industria del cobre en Argentina se ha dividido en tres hitos operativos clave, condicionados a los avances de infraestructura y financiamiento:

2028: Fase Subterránea de Bajo de la Alumbrera (Catamarca): El proyecto pionero de la minería metalífera argentina retomaría su actividad mediante un cambio de metodología de extracción. De acuerdo con los datos presentados por el secretario Luis Lucero, se espera una producción estimada de 75.000 toneladas anuales. Esta fase técnica está proyectada para un ciclo inicial de entre 3 y 4 años, aprovechando la capacidad de procesamiento ya instalada.

2029: Consolidación de los activos en San Juan y Mendoza: El cronograma oficial sitúa el inicio de operaciones de los proyectos Los Azules y San Jorge (PSJ Cobre Mendocino) para finales de 2029. Los Azules, por su escala y calidad de mineral, es considerado un activo de importancia sistémica para la provincia de San Juan, mientras que San Jorge representa el avance técnico de la actividad en la provincia de Mendoza bajo estándares de sostenibilidad actualizados.

2030: Operatividad del Proyecto Vicuña: Ubicado en la frontera con Chile, este distrito minero se perfila como la pieza central de la estrategia de producción masiva. Con una inversión estimada de 17.000 millones de dólares, los estudios de prefactibilidad indican que podría posicionarse dentro de los cinco mayores yacimientos de cobre a nivel global, tanto por volumen de reservas como por capacidad de procesamiento diario.

La viabilidad técnica de estos proyectos está estrechamente vinculada a la implementación de instrumentos legales que mitiguen el riesgo de capital de largo plazo. En este sentido, la Secretaría de Minería destacó dos pilares técnicos:

-Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): Este marco busca garantizar la estabilidad fiscal y cambiaria durante el ciclo de vida del proyecto (CAPEX y OPEX), factor determinante para atraer inversiones que superan los mil millones de dólares.

-Actualización normativa ambiental: El impulso a precisiones técnicas en la Ley de Glaciares tiene como objetivo dotar de seguridad jurídica a las zonas de prospección y explotación, delimitando áreas de actividad de acuerdo con criterios científicos consolidados para evitar litigiosidad en las etapas de construcción.

La aceleración de estos plazos responde a un déficit estructural en la oferta global de cobre. La intensidad material de la transición energética y el desarrollo de centros de datos para inteligencia artificial han incrementado la demanda de cátodos y concentrados de cobre.

Argentina, con una geología comparable a la de los principales productores pero con una baja tasa de explotación histórica, busca aprovechar este ciclo de demanda sostenida. De cumplirse el cronograma técnico, el país podría pasar de una producción nula a una capacidad de exportación significativa, equilibrando la oferta regional frente a las limitaciones de ley que enfrentan yacimientos maduros en otros mercados tradicionales.