La medida judicial establece que el monto deberá ser restituido mediante embargo directo a las remuneraciones de los trabajadores involucrados, con un tope del 50% del sueldo mensual hasta alcanzar la cifra total. Este desenlace representa un hecho inédito en la historia reciente de las relaciones laborales en Chile, marcando un hito en la fiscalización judicial de procesos de negociación colectiva.

El caso tiene su origen en 2019, cuando un grupo de trabajadores de Minera Escondida, disidentes del Sindicato N°1, decidió negociar un convenio colectivo de manera no reglada bajo el alero del Sindicato Interempresa. A partir de ese acuerdo, se pactó el pago de un bono de término de conflicto por $8,5 millones, que fue entregado a los 105 trabajadores que participaron de la negociación.

Sin embargo, esta acción fue impugnada por el Sindicato N°1 de Escondida, la organización con mayor tradición y representatividad dentro de la compañía, argumentando que dicha negociación era ilegal y atentaba contra la unidad y derechos de la organización sindical mayoritaria. En noviembre de 2021, la Corte de Apelaciones de Antofagasta les dio la razón, declarando la nulidad del proceso negociador por incumplimiento del quórum legal exigido para este tipo de convenios.

Pese a que Minera Escondida intentó revertir el fallo llevando el caso hasta la Corte Suprema, en enero de 2025 el máximo tribunal del país ratificó la resolución, dejando firme la orden de devolución del bono.

Esta decisión fue celebrada por el Sindicato N°1 como una victoria que refuerza la legalidad y el respeto por las normas sindicales. “Este resultado es un gran logro, que permite consolidar nuestra lucha en contra del intento de la empresa, coludida con un pequeño grupo de trabajadores, para afectar y dividir a nuestro gran sindicato”, declaró la organización en un comunicado oficial.

La resolución ha generado un intenso debate al interior de Escondida. La ejecución del fallo ha sido impulsada en los últimos meses por el abogado del Sindicato N°1, Marco López, quien presentó diversas gestiones judiciales para concretar el embargo del bono. Finalmente, la orden fue dictada por el tribunal laboral hace dos semanas, iniciando el proceso de descuento de sueldos.

Sin embargo, esta acción no está exenta de controversia. De los 105 trabajadores que deberán devolver el bono, 32 actualmente forman parte del mismo Sindicato N°1 que impulsó la denuncia, lo que ha provocado incomodidad y críticas internas. Otros 38 trabajadores se encuentran hoy afiliados al Sindicato N°3, mientras que 33 ya no forman parte de la empresa y 2 han fallecido desde que se suscribió el acuerdo original.

“Nos llama la atención, por decir lo menos, que un tribunal esté fallando en contra de los trabajadores y, además, que sea nuestro propio abogado el que esté tan interesado en que la empresa recupere esa plata”, señaló uno de los afectados en declaraciones recogidas por el Diario Financiero.

El abogado Jorge Arredondo, socio del estudio Albagli Zaliasnik, destacó la relevancia del caso para el futuro de las relaciones laborales en Chile. “Aquí se está marcando una línea de que el Sindicato N°1 no tolerará actos de injerencia o defraudación respecto de sus intereses, lo cual es consistente con la postura que adoptaron desde un principio. Este fallo sienta un precedente respecto a los límites de la negociación colectiva y la defensa de la institucionalidad sindical”, explicó.

La situación también deja al descubierto la profunda fractura sindical que existe en Escondida desde la emblemática huelga de 44 días ocurrida en 2017. Fue en ese contexto que surgieron disidencias internas que terminaron por fragmentar la representación sindical, debilitando la unidad de los trabajadores frente a la empresa.

Este caso no solo podría cambiar la manera en que se negocian los convenios colectivos en el sector minero, sino que también abre un debate más amplio sobre la autonomía de los sindicatos, la representatividad real de sus estructuras, y el papel del poder judicial en la resolución de conflictos laborales.

Desde distintos sectores del mundo sindical y académico se observa con atención el desarrollo de este caso, que podría influir en futuras reformas laborales, en especial en lo que respecta al fortalecimiento de las negociaciones colectivas regladas y la supervisión de eventuales prácticas antisindicales, tanto por parte de las empresas como de grupos internos de trabajadores.

Mientras tanto, los trabajadores involucrados enfrentan ahora la difícil tarea de devolver un dinero ya percibido hace más de cinco años, en un contexto económico complejo y con una sensación de desprotección que podría reavivar nuevas fracturas al interior de la faena minera más importante del país.