La medida, que fue anunciada oficialmente desde la Casa Blanca, instruye a los departamentos del Interior y de Comercio a acelerar los procesos de exploración y concesión de permisos para la minería en aguas profundas. Según altos funcionarios del gobierno, el fondo marino bajo control estadounidense contiene más de mil millones de toneladas métricas de nódulos polimetálicos, compuestos por minerales como cobre, cobalto, níquel, zinc y manganeso. Estos materiales son clave en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, turbinas eólicas, teléfonos móviles, paneles solares, chips de computadora y equipos médicos.

“La vasta riqueza mineral de nuestros océanos representa una oportunidad sin precedentes para asegurar nuestra independencia económica, energética y tecnológica”, declaró un alto funcionario del gabinete, agregando que la nueva política busca “superar a China en este espacio vital para la seguridad nacional”.

El anuncio se produce en un contexto global tenso, marcado por una intensificación de la guerra comercial entre Washington y Pekín, y una creciente carrera global por el control de los minerales considerados estratégicos para el futuro económico y militar. China, que domina actualmente la mayoría de la cadena de suministro mundial de estos recursos, ha impuesto restricciones a sus exportaciones como herramienta de presión geopolítica.

La orden de Trump cita la Ley de Recursos Minerales Duros de los Fondos Marinos Profundos de 1980 como base legal para el desarrollo de una industria nacional que otorgue permisos directamente a empresas privadas, sin intermediación de organismos multilaterales. Este enfoque confronta abiertamente con el sistema internacional establecido por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), una agencia respaldada por la ONU que regula la exploración y futura explotación de recursos en aguas internacionales.

Estados Unidos, que nunca ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, no forma parte de la ISA y ahora busca establecer sus propias reglas. La orden señala que EE. UU. tiene derechos sobre “una de las áreas oceánicas más extensas del mundo” y que está en su soberanía acceder a esos recursos.

No obstante, la explotación minera en aguas profundas es una industria todavía no probada a escala comercial. Actualmente, ningún país ha iniciado operaciones mineras a gran escala en el lecho marino debido a las serias preocupaciones sobre los impactos ambientales. Científicos marinos y organizaciones ecologistas han advertido que remover nódulos polimetálicos del lecho oceánico podría causar daños irreversibles a ecosistemas marinos extremadamente frágiles, muchos de los cuales siguen siendo desconocidos.

Leticia Carvalho, oceanógrafa brasileña y actual Secretaria General de la ISA, afirmó este mes en una conferencia celebrada en Washington D.C. que ninguna actividad de explotación será autorizada en aguas internacionales hasta que exista un marco regulatorio internacional claro y consensuado. “Existe un acuerdo inequívoco entre los países socios: no se podrá iniciar ninguna explotación hasta que se establezcan reglas claras”, recalcó.

Pese a ello, varias empresas ya han manifestado su interés en comenzar operaciones bajo las nuevas directrices estadounidenses. The Metals Company, con sede en Canadá, anunció que solicitará autorización directamente a las autoridades estadounidenses, evitando así el proceso regulatorio de la ISA. “Esta es una oportunidad asombrosa para EE. UU. de recuperar terreno frente a China”, declaró su CEO, Gerard Baron, quien también criticó la lentitud de la ISA en establecer normas claras y denunció que “el sistema ha sido tomado por activistas ambientales”.

Tras el anuncio, las acciones de The Metals Company se dispararon, subiendo alrededor de un 40% y alcanzando su máximo de 52 semanas. Otras empresas con interés en esta emergente industria incluyen Impossible Metals (California), JSC Yuzhmorgeologiya (Rusia), Blue Minerals Jamaica, China Minmetals y Marawa Research and Exploration (Kiribati).

Grupos ambientalistas como Greenpeace han reaccionado con dureza a la iniciativa. Arlo Hemphill, uno de sus voceros, afirmó que “el gobierno de Estados Unidos no tiene derecho a permitir unilateralmente que una industria destruya el patrimonio común de la humanidad para el beneficio de unas cuantas corporaciones”. Exigen una prohibición total de esta actividad hasta que se comprendan plenamente sus impactos ecológicos.

La minería submarina en aguas profundas se enfoca principalmente en la extracción de nódulos polimetálicos, formaciones del tamaño de papas que se encuentran entre los 4.000 y 6.000 metros de profundidad. Estos nódulos contienen minerales esenciales no solo para la transición energética, sino también para las industrias de defensa, aeroespacial y electrónica de alta tecnología.

El debate sobre su conveniencia, viabilidad y regulación apenas comienza, pero la orden de Trump deja claro que Estados Unidos no esperará un consenso internacional. Con esta decisión, el país entra de lleno en una carrera estratégica por el control de los recursos del lecho marino, desafiando normas, acuerdos y advertencias científicas.