La orden ejecutiva, que será firmada a las 3:00 p.m. en el Salón Este de la Casa Blanca en un acto que contará con la presencia de ejecutivos de las principales empresas del sector, como Peabody Energy, Core Natural Resources y Ramaco Resources, contempla una serie de disposiciones orientadas a eliminar barreras regulatorias, incentivar la producción doméstica de carbón y posicionar al mineral como un recurso estratégico.

Medidas concretas: del arrendamiento federal a la designación como mineral crítico

Entre las principales acciones incluidas en la orden, destacan la reactivación formal de la venta de derechos de extracción en tierras federales, suspendida intermitentemente desde el gobierno de Barack Obama, y la instrucción al Departamento del Interior para que identifique nuevos yacimientos prioritarios para arrendamiento. Además, se ordenará declarar el carbón como un “mineral crítico” —una designación que normalmente se reserva para recursos estratégicos clave para la defensa y la industria tecnológica—, lo que permitiría facilitar su exploración, extracción y exportación.

Otra medida relevante será la agilización de las exportaciones de carbón y tecnologías relacionadas, especialmente hacia mercados aliados que aún dependen del carbón como fuente principal de energía o que están interesados en tecnologías estadounidenses de generación térmica más eficiente.

“El carbón representa más que energía; es estabilidad, es industria y es poder estratégico”, habría afirmado Trump a sus asesores, según una fuente cercana al proceso de redacción de la orden.

Pese a los anuncios, la efectividad de estas medidas aún está en entredicho. La industria del carbón estadounidense ha enfrentado en la última década una transformación estructural. El auge del gas natural —más barato y con menor impacto ambiental—, junto con el crecimiento sostenido de las energías renovables y el endurecimiento de las normativas ambientales, han reducido drásticamente el peso del carbón en la generación eléctrica del país, que pasó de representar cerca del 50% en 2005 a menos del 20% en los últimos años.

A esto se suma la creciente presión de inversionistas, gobiernos y grandes corporaciones tecnológicas que han adoptado compromisos de neutralidad en carbono, favoreciendo fuentes limpias como la solar, eólica y nuclear. No está claro si estas empresas —muchas de ellas grandes consumidoras de energía— estarán dispuestas a utilizar carbón para alimentar sus centros de datos, por más que se trate de instalaciones modernas con mayores controles de emisiones.

Sin embargo, para Trump y su equipo, el argumento va más allá de los balances económicos. El presidente ha vinculado directamente la producción estable de energía a la carrera por la supremacía tecnológica mundial, especialmente en campos como la inteligencia artificial.

“Estados Unidos lleva una gran ventaja frente a China en materia de inteligencia artificial. Pero para mantener esa ventaja, nuestros centros de datos necesitan energía constante, abundante y confiable, algo que el carbón puede garantizar”, dijo Trump el lunes durante un evento con empresarios en la Oficina Oval.

La administración considera que sin una base energética firme, las promesas de liderazgo en tecnologías emergentes corren riesgo. En ese sentido, el carbón es presentado no solo como un recurso energético, sino como un pilar para sostener la competitividad industrial y tecnológica estadounidense en las próximas décadas.

Esta nueva orden ejecutiva marca la continuidad de una agenda pro-carbón que Trump ya había impulsado durante su primer período en la Casa Blanca (2017–2021). En ese entonces, también intentó revertir regulaciones ambientales clave impuestas por la administración Obama, aunque muchas de esas medidas enfrentaron batallas legales o fueron revertidas posteriormente por la administración de Joe Biden.

Durante su campaña presidencial más reciente, Trump prometió que "traería de vuelta el carbón", en un gesto dirigido especialmente a comunidades mineras de estados como Virginia Occidental, Kentucky y Wyoming, donde el mineral aún representa una fuente importante de empleo y cultura económica.

Las reacciones ante la inminente orden ejecutiva no se han hecho esperar. Grupos ambientalistas han advertido que la medida contradice los compromisos internacionales asumidos por Estados Unidos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, expertos energéticos y economistas señalan que, aunque las medidas podrían dar un respiro temporal a algunas operaciones mineras, es poco probable que el carbón recupere su antiguo protagonismo frente a tendencias globales de descarbonización y electrificación.

“La economía ya ha hablado. Los mercados energéticos se están moviendo hacia tecnologías más limpias y eficientes, con o sin intervención del gobierno”, afirmó en un comunicado la Asociación Nacional de Energía Limpia.

No obstante, la medida demuestra que Trump está dispuesto a utilizar todas las herramientas del poder ejecutivo para reforzar su visión de una política energética soberana, centrada en la autosuficiencia y en la protección de industrias tradicionales.