Durante su intervención, González destacó que el proceso de evaluación de proyectos dentro del RIGI es riguroso, multidisciplinario y profundamente técnico, rechazando así las críticas por posibles demoras. “No sé si nosotros mismos no hemos generado demasiada ansiedad con el RIGI”, señaló. “En minería, donde un estudio de impacto ambiental puede tardar años, no puede sorprendernos que un régimen de estabilidad legal, fiscal y cambiaria por 30 años requiera algunos meses de análisis”.

Una estructura compleja para decisiones estratégicas

González explicó que el trabajo de evaluación de los proyectos que se presentan al RIGI no recae únicamente en la Secretaría de Minería, sino que involucra a una amplia red de instituciones clave del Estado, entre ellas la Procuración del Tesoro, el Banco Central, la Agencia de Recaudación y Casa Rosada. Este enfoque interinstitucional busca garantizar que solo los proyectos sólidos y viables reciban los beneficios del régimen.

“El RIGI no puede transformarse en una fábrica de chorizos que aprueba casos cada semana. Eso sería irresponsable, y terminaría minando la credibilidad del régimen”, advirtió. “Nuestra obligación es cuidar los recursos fiscales y proteger la confianza de los contribuyentes. Por eso, si bien entendemos la ansiedad del sector, es preferible tardar unos días más y hacer las cosas bien, antes que aprobar sin rigor proyectos que podrían no estar a la altura”.

Hasta ahora, el Gobierno ha aprobado tres proyectos bajo el RIGI, ninguno aún del sector minero. Pero González confirmó que el primero en minería está muy cerca de recibir luz verde, mientras otros siguen en revisión.

¿Y el RIGI ampliado?

Consultado por la posibilidad de crear un “RIGI ampliado” específico para proyectos más complejos o para otras ramas de la minería, González fue enfático: “No existe ni existirá un RIGI ampliado”. Según explicó, el objetivo del Gobierno es terminar con la lógica de incentivos sectoriales fragmentados y avanzar hacia un marco común y unificado, aplicable transversalmente a todas las industrias que cumplan con los requisitos.

“No queremos volver al esquema de un beneficio para cada industria. El RIGI es el paraguas que contiene incentivos generales para sectores estratégicos, y el enfoque es que las condiciones sean claras, predecibles y aplicables a todos por igual”, afirmó. No obstante, reconoció que mantienen una relación constructiva con la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y que el Ejecutivo está abierto a analizar casos particulares dentro del marco existente.

Impacto en la inversión: señales desde los gigantes del sector

El viceministro resaltó el efecto positivo que ha tenido la aprobación del RIGI en el clima de negocios y la atracción de inversiones. Mencionó que grandes empresas como Rio Tinto y BHP ya han tomado decisiones concretas de inversión en el país —incluyendo compras de activos y sanción de proyectos— motivadas explícitamente por la existencia del nuevo régimen.

“Más allá del número de proyectos aprobados, lo importante es la señal que se está enviando. Compañías globales están apostando por Argentina gracias al RIGI. Esto confirma que estamos en el camino correcto, siempre que se mantenga la seriedad en la aplicación del régimen”, sostuvo.

Una oportunidad histórica, pero con responsabilidad

González subrayó que el desarrollo del sector minero no se limita al litio y al cobre, sino que también abarca minerales tradicionales como el oro y la plata, cuyos proyectos —en algunos casos más complejos— también buscan encuadrarse en los beneficios del régimen.

“Argentina tiene hoy una oportunidad histórica de convertirse en un actor relevante en la transición energética global, pero para aprovecharla necesita reglas claras, responsabilidad institucional y un compromiso firme con la sostenibilidad fiscal y ambiental”, concluyó.